De igual manera, el Ministerio entiende que el Proyecto de Ley no sólo no menoscaba el derecho de información del consumidor, sino que cumple con todas las garantías contempladas en la normativa nacional y comunitaria en materia de análisis. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente recuerda que este proyecto se ha elaborado con absoluto respeto tanto al derecho comunitario como a nuestra Constitución.

El Ministerio ha explicado que el proyecto de ley nace como respuesta a diversas comunicaciones de la Comisión Europea, informes del Parlamento Europeo y otras iniciativas comunitarias, que han destacado la necesidad de que los Estados miembros adopten medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
Y en el contexto de la Constitución, el Ministerio entiende que la doctrina del Tribunal Constitucional, que admite que la competencia del Estado para fijar las bases de la coordinación de la actividad económica, ampara las normas y actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos de la política económica general o sectorial.

Asimismo, el Ministerio recuerda que tanto en la redacción del anteproyecto, como en la tramitación del Proyecto, se han mantenido cauces de diálogo y participación con todos los organismos y sectores implicados, incluidos las organizaciones de Consumidores.

A este respecto, responsables del Ministerio han mantenido reuniones con  la Organización de Consumidores, al más alto nivel. De hecho, el propio Director General de la OCU remitió al Ministerio una aportación para el mencionado Anteproyecto de Ley. Posteriormente, se han mantenido encuentros de carácter técnico en los que se han recibido las preocupaciones y propuestas de la OCU, dándose el correspondiente traslado de las mismas.

El Proyecto de Ley establece medidas con el fin de reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales y establecer un marco de competencia justa, que redunde en beneficio del sector en su conjunto y también de los consumidores. Se trata de vertebrar la cadena alimentaria para aumentar la eficacia y competitividad de este sector, garantizando una distribución sostenible del valor añadido a los productos, a lo largo de la misma, así como conseguir un mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.

Aspectos del Proyecto de Ley

Además de contribuir a incrementar la eficacia de la cadena alimentaria, otros objetivos del proyecto de le son la introducción de las tecnologías de la información, el fortalecimiento de las organizaciones interprofesionales, la mejora de la innovación de la industria y la transformación alimentaria, la protección de los derechos del consumidor y la garantía de la unidad de mercado para mejorar la competitividad.

Para lograr estos objetivos, el proyecto se basa en "un modelo mixto de regulación y autorregulación" de las relaciones comerciales entre los agentes, junto con los mecanismos necesarios para el control de lo establecido.

Así, la parte regulatoria consta de dos elementos, la obligatoriedad de los contratos alimentarios y la prohibición de las prácticas comerciales abusivas o desleales.

A este respecto, la obligación de formalizar por escrito los contratos entre los operadores tiene el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales. Y para evitar las prácticas comerciales abusivas, el proyecto prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo que se realicen de mutuo acuerdo. También se prohíben los pagos comerciales que vayan más allá de lo pactado, salvo supuestos específicos y bajo condiciones restrictivas.

Asimismo, la autorregulación de las relaciones comerciales se centra en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que impulsaría el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Economía y Competitividad, y las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria o distribución.

En cuanto al sistema de control de lo establecido en el proyecto de ley, el ministro ha anunciado la creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria, y el establecimiento de un control administrativo que se aplicará en caso de incumplimiento de lo dispuesto en la ley.