UPA afirma que la Ley de la Cadena Alimentaria condena a las explotaciones agrícolas a permanecer bajo “la tiranía de la distribución”

La organización agraria ha protagonizado este jueves una protesta en Almería, donde ha repartido productos de la provincia entre los viandantes. Según su secretaria general, Francisca Iglesias, el Proyecto de Ley para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, en sus términos actuales, “se puede quedar sólo en una declaración de principios” y no ataja, ni mucho menos, los problemas de desequilibrios que se producen, actualmente, en la cadena alimentaria.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Almería ha protagonizado este jueves en la capital una protesta contra el Proyecto de Ley para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que, según su secretaria general, Francisca Iglesias, "condena a las explotaciones agrarias a permanecer bajo la tiranía de la distribución". En este sentido, Iglesias ha explicado que, si bien esta ley se fraguó con el consenso de las organizaciones agrarias y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), "sufrió un recorte importante cuando llegó al Consejo de Ministros y, una vez en el Congreso, no se admitieron enmiendas". Ahora, la ley ha llegado al Senado y, de no admitirse ninguna enmienda, "puede quedar sólo en una declaración de principios".

Para UPA-Almería, un aspecto irrenunciable dentro de esta ley es "prohibir la venta a pérdidas", algo que, según ha lamentado Iglesias, "ya ha ocurrido este año con la sandía, cuando Carrefour la estaba utilizando como producto reclamo". Al final, "la campaña de primavera se ha hundido". Para la organización agraria, la ley se olvida "intencionadamente" del concepto de "precios justos", sin hacer, de hecho, mención alguna a la limitación de comprar por debajo de los costes de producción de los agricultores y ejerciendo la posición de dominio que ciertas partes tienen sobre la cadena alimentaria.

Precisamente por ello, UPA-Almería considera que los contratos deben ser obligatorios y por escrito en todos los casos y han de incluir información como los plazos de pago, las cantidades o los volúmenes de producción. Junto a ello, deberían recoger un sistema de retribución que esté ligado a indicadores de precios, en base a los costes de producción, acordados libremente en el seno de las organizaciones interprofesionales, "que para eso están", ha matizado Iglesias. En la actual redacción de la norma, "los contratos no son obligatorios y el precio está por definir, pero ¿qué referencia vamos a tomar?", se ha preguntado la secretaria general de UPA-Almería.

En cualquier caso, y aunque los contratos sean obligatorios, la organización agraria considera que el desequilibrio existente actualmente entre las partes podría generar algunos conflictos. Por ello, propone que, para resolverlos, la ley debería establecer un sistema de mediación y arbitraje, que sería ejercido por el Observatorio de la Cadena Alimentaria y la Agencia de Información y Control Alimentarios.

La modificación del régimen sancionador, que "no tiene multas disuasorias", o la aplicación de sanciones a quienes incumplan los plazos de pago son otras de las enmiendas propuestas por UPA-Almería y que espera sean tenidas en cuenta durante el debate en el Senado de la norma.

PAC

Por otro lado, la secretaria general de la organización agraria en la provincia se ha referido a la "poca esperanza" que tienen para que, finalmente, la ley que entre en vigor realmente defienda al sector. Por ello, ha afirmado que pelearán para que, al menos, "la reforma de la PAC incluya ayudas directas para las frutas y hortalizas, que nunca las han recibido". Desde UPA-Almería proponen una ayuda de 2.500 euros por explotación "y ligada a la producción".

Isabel Fernández