La posibilidad de poner un límite a las superficies con derecho a pagos agrícolas y ganaderos, así como garantizarse una flexibilidad suficiente a la hora de establecer un plan de regionalización que permitiera diferenciar entre las distintas zonas y métodos de producción para evitar desequilibrios e injusticias entre territorios, cultivos y explotaciones, han sido prioridades para España que se han visto satisfechas en este Consejo Agrícolas, alejando la propuesta inicial de "tasa plana" de la Comisión que sería enormemente lesiva para los agricultores y ganaderos españoles.

La combinación de estas dos medidas evita la dilución de las ayudas y el impacto tan negativo que tenía la propuesta inicial sobre el territorio y sobre los sistemas productivos, muy especialmente sobre aquellos sobre los que se sustenta la actividad agraria y que son los que generan más empleo, más movimiento económico y mayor dinamismo en el mundo rural.

ASAJA se ha manifestado desde el principio contraria a la introducción de mayores exigencias medioambientales en relación con los pagos directos, por no tener en consideración los esfuerzos ya realizados por los profesionales agrarios y suponer mayores costes de producción y reducción de la capacidad productiva de las explotaciones, precisamente lo contrario de lo que predican las instituciones y foros internacionales para afrontar los retos alimentarios del siglo XXI.

No obstante, este apartado estaba directamente relacionado, no con la reforma de la PAC, sino con el marco presupuestario aprobado en febrero de 2013 y pendiente de ratificación por el Parlamento Europeo. El Acuerdo del Consejo Agrícola permite flexibilizar las condiciones inicialmente propuestas por la comisión posibilitando un nivel de adaptación razonable a las nuevas exigencias.

En materia de desarrollo rural también se han conseguido mejoras sustanciales respecto a las propuestas de la Comisión. La compatibilidad de programas regionales con un programa nacional de desarrollo rural dará coherencia y máxima cobertura a actuaciones prioritarias en el Segundo pilar. Las inversiones en regadío, esenciales para España, consiguen apostar por la eficiencia, además de por el ahorro. Por otra parte, se ha podido obtener una solución para las regiones que podrían verse muy comprometidas en la cofinanciación como consecuencia de su paso a regiones en transición.