Durante su intervención, en la que han estado acompañadas por las organizaciones agrarias con las que han consensuado esta iniciativa a través del secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, y de la secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias, la responsable de Agricultura socialista ha explicado que la Ley de Calidad Alimentaria "era bastante esperada por el sector al ver como venden sus productos a un precio que luego se multiplica considerablemente hasta llegar al consumidor por la cadena de distribución".

Para Zapata, esa situación "injusta" no tiene respuesta en una norma con la que el PP vuelve a traicionar a los agricultores de la provincia. En ese sentido, ha detallado que el nuevo texto fue consensuado por el Gobierno de la Nación con las organizaciones agrarias y cooperativas pero que, tras su paso por el Consejo de Ministros, fue alterado a favor de los intereses de las distribuidoras.

Ese cambio de postura fue refrendado en el Congreso de los Diputados, donde el PP gracias a su mayoría absoluta rechazó las enmiendas planteadas por el resto de grupos políticos, y en el Senado, donde sólo se atendió de manera parcial e insuficiente una de ellas. La Ley volverá a la Cámara Baja en las próximas semanas y, por ello, ha asegurado Zapata, desde el PSOE almeriense "lo que pretendemos es seguir luchando por los agricultores y ver cómo podrían ser beneficiados con esta Ley".

La realidad, ha lamentado la dirigente del PSOE, es que si no se altera el contenido del documento "van a seguir vendiendo por debajo de sus costes, van a seguir abusando de ellos en el incumplimiento de los plazos de pago y van a seguir abusando de ellos en todos aquellos contratos -a los que ahora van a estar obligados con los compradores de sus productos- que no se cumplan".

"Esperábamos mucho más de esta Ley que, al final, no es justa para los productores y con la que siguen ganando las grandes cadenas de distribución", ha proseguido, para añadir que "si antes creíamos que se vivía un abuso, ahora encima de todo se contempla bajo un contrato ese abuso".

Ante este panorama, la responsable socialista de Política Municipal e Institucional del PSOE almeriense ha subrayado la importancia de trasladar el debate de la situación del sector agrícola a los diferentes ayuntamientos de la provincia donde espera que los alcaldes del PP "no se dejen llevar, otra vez, por esa imposición de su mayoría absoluta y hagan caso omiso de una reivindicación clara que trata de evitar perjuicio a productores y consumidores".

Los puntos de la moción

El PSOE pedirá en los diferentes plenos municipales que cada Ayuntamiento "inste al Gobierno de la Nación a asumir las mejoras que reivindica el sector agrícola almeriense" antes de que sea demasiado tarde, y que resume en cinco puntos en el mismo documento.

Entre los mismos se contempla la prohibición de la venta a pérdidas por parte de las cadenas al considerarla una práctica abusiva. Las empresas de distribución venden determinados productos por debajo de sus costes registrando pérdidas por ello que resultan ampliamente compensadas con el efecto de reclamo que ejercen dichas ofertas. Con esa manera de actuar se destruye valor a lo largo de la cadena, hundiendo finalmente los precios en origen y destruyendo explotaciones.

También se hace referencia al incumplimiento de los plazos de pago para el que no existe un régimen sancionador, reclamado por las organizaciones agrarias. Además, se propone que las diferentes sanciones a aplicar por Ley sean lo suficientemente disuasorias para, de este modo, garantizar su efectividad.

Un apartado especial en la moción merecen los nuevos contratos obligatorios a través de esta norma entre los productores y los compradores de su mercancía al considerar que en los mismos "se debería recoger un sistema de retribución que estuviera ligado a indicadores de precio sobre la base de los costes de producción" y contemplar "información específica como plazos de pago". En este mismo aspecto, las organizaciones consideran fundamental la obligatoriedad de la figura de un mediador -como sucede en la vecina Francia- ya que de lo contrario, "el abuso por parte de las grandes distribuidoras hasta ahora va a quedar reflejado como un abuso legal" sin protección para los agricultores.

Finalmente, desde el PSOE también se exige la retirada dentro de las subastas electrónicas -en las que gran parte de la distribución realiza sus compras de gran volumen- de aquellas ofertas que no superen los costes de producción por parte de los agricultores o que puedan considerarse desproporcionadas a la baja.

Organizaciones agrarias

Los representantes provinciales de COAG y de UPA han valorado positivamente el trabajo realizado por el PSOE almeriense en esta materia y, en concreto, que se trate de promover el debate sobre la realidad que atraviesa el sector en los diferentes municipios de la provincia a través de la iniciativa presentada.

En esa línea, Francisca Iglesias ha reclamado "que el PP rectifique" una Ley que, a su juicio, solo va a servir "para forzar más la máquina de los productores". Asimismo, ha lamentado el caso nulo del PP provincial a sus reivindicaciones en este apartado y que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, haya dado marcha atrás en su compromiso para sacar adelante una norma acordada con los productores por la presión de otros departamentos del Gobierno de Rajoy, especialmente el de Economía.