Por lo que se refiere al papel de los ayuntamientos, José Manuel Ortiz recuerda que los consistorios, que durante los quince años que estos residuos han sido considerados como municipales no han dado una solución a este problema, aunque ya no tienen la competencia de la gestión de estos residuos, "siguen teniendo la competencia en todo lo relativo a la higiene rural y, por tanto, tienen la obligación de aplicar su plan integral de higiene rural".

Por este motivo, y con el documento del Reglamento en la mano, el delegado de la Junta muestra su extrañeza por el hecho de que un Ayuntamiento "que conoce perfectamente el Decreto y el reparto de competencias, insista en señalar a la Junta como competente y responsable de la búsqueda de soluciones a este problema, máxime cuando saben que no es así y que, además, desde la Consejería se trabaja desde hace muchos años y se sigue trabajando desde diferentes frentes y con todos los agentes -productores, empresas y ayuntamientos- para dar respuesta a este problema".

A propósito de las afirmaciones de un representante municipal, sobre la actuación subsidiaria de la Junta, José Manuel Ortiz precisa que el Reglamento de Residuos de Andalucía no faculta a la Consejería a intervenir por el principio de subsidiariedad en este caso -intervención subsidiaria que en el caso de que la pudiera llevar a cabo, supondría asumir la obligación del productor del residuo, al que posteriormente se le cobraría el coste de dicha actuación.

El delegado territorial considera que esta afirmación del representante municipal puede deberse a una interpretación incorrecta del texto. La subsidiariedad de la que habla el Reglamento se refiere a los sistemas integrados de gestión de las empresas que ponen en el mercado productos que con el uso se convierten en residuos (es decir, electrodomésticos, pilas, neumáticos, envases de fitosanitarios, cajas de medicamentos). Estos productores deben adherirse a una sistema de gestión, aportando una cantidad por producto fabricado, para asegurar su gestión una vez dejen de estar en uso. Estos son los sistemas SIGFITO, SIGNUS, SIGRE, SIG RAEES.... En este caso, el Decreto de residuos sí prevé la intervención subsidiaria de la Consejería.

Pero en el caso de los residuos vegetales de invernadero, y según el Decreto de residuos de Andalucía, la Consejería tiene las siguientes competencias:

1. Registro, vigilancia, inspección y sanción de las actividades e instalaciones de producción de residuos, requiriendo para ello, en su caso,la información pertinente sobre el origen, características, cantidad y gestión de los residuos a las personas o entidades poseedoras, productoras y gestoras.

2. Promover la participación de los agentes económicos sociales en la gestión de residuos.

Esfuerzo de la Consejería

A diferencia de quienes se empeñan en mirar para otro lado y buscar responsables fuera, José Manuel Ortiz reconoce y valora la labor que están haciendo tanto los agricultores como el Ayuntamiento de El Ejido para dar una solución al problema. Pero el delegado recuerda también que la Consejería realiza un esfuerzo importante desde hace muchos años: desde el plan de choque del ‘Barrido Cero' -que dejó limpio el campo a principios de la pasada década- hasta la realización de estudios por parte del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) para ver el potencial energético de la biomasa residual agrícola; los incentivos para el reciclado de los residuos orgánicos; la publicación de materiales de divulgación sobre el compostaje o información al agricultor; así como el establecimiento de líneas de colaboración público-privada para buscar y desarrollar las mejores técnicas disponibles para la gestión de residuos biodegradables que genera la horticultura intensiva de Almería.