De igual manera, COAG rechazará las transferencias de fondos entre pilares y particularmente del segundo (desarrollo rural) al primer pilar (ayudas directas). Es inadmisible plantear un trasvase de fondos al primer pilar, eludiendo el compromiso de cofinanciación y, en consecuencia, perdiendo recursos del Estado para los programas de desarrollo rural que van destinados más directamente a los profesionales del sector agrario: incorporación de jóvenes y mujeres, modernización de explotaciones, mejora de los regadíos, medidas agroambientales, apoyo a las zonas con limitaciones naturales o innovación e investigación agraria. "En medio de una grave crisis económica, es vital apoyar a un sector estratégico de la economía real y productiva que genera riqueza y empleo donde más se necesita, en el medio rural", ha subrayado Blanco.

En relación a la ganadería, los derechos de pago básico sobre superficies de pastos deberían asignarse solamente a los ganaderos que fueran activos en 2012 y continúen siéndolo en 2015 cuando se solicite la asignación. Adicionalmente, cada año, para percibir los pagos, deberán continuar siendo ganaderos.

En lo referente a la aplicación territorial concreta, COAG aboga por un modelo de regionalización que tenga en cuenta la diferenciación entre superficies de regadíos, secano, cultivos permanentes y pastos, que evite unos trasvases excesivos que puedan provocar una desestabilización de las explotaciones, pero a la vez que no impida atender a todos los agricultores activos que sean profesionales.

En el capítulo de desarrollo rural, esta organización planteará la creación de subprogramas regionales específicos para impulsar la incorporación de jóvenes y mujeres al campo, cuestión estratégica para facilitar el necesario relevo generacional. "La experiencia nos dice que no sólo son necesarias las ayudas a los jóvenes para entrar en el sector, sino para asegurar su actividad durante los primeros años", ha matizado el secretario general de COAG. Además, sería conveniente añadir un subprograma temático obligatorio para los canales cortos de comercialización, en línea con las propuestas de la Comisión Europea.

También se defenderá un fondo de ayudas acopladas vinculadas a la producción (que suponga el 15% del total) para apoyar a sectores afectados por caídas de rentas, ya sea por crisis de precios o crisis de costes. El criterio principal debe ser el mantenimiento de la viabilidad del sector en cuestión, evitando el cierre de explotaciones y la pérdida de activos.

Estas y otras cuestiones se trasladaron el pasado viernes al MAGRAMA en forma de respuesta a las 52 preguntas planteadas por el Ministerio en el cuestionario enviado a organizaciones profesionales agrarias y Comunidades Autónomas sobre la aplicación de la reforma de la PAC en España.