Los principios generales acordados entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y las comunidades autónomas permiten que Andalucía conserve en las próximas rondas su aspiración prioritaria de mantener el importe actual de las ayudas, 2.000 millones de euros anuales. La región andaluza es la comunidad española que más fondos recibe. Hay que tener en cuenta que esta Conferencia Sectorial celebrada los días 24 y 25 de julio es una primera ronda de negociación donde se han fijado las directrices de la aplicación de la PAC, a la que ahora seguirán los trabajos de una serie de grupos técnicos constituidos para definir con mayor concreción las decisiones. Lo acordado en este foro es una guía para empezar a concretar el modelo de aplicación.

El principal avance es la aceptación del modelo de regionalización propuesto por Andalucía, que se basa en la comarca agraria con usos productivos homogéneos e importe histórico de ayudas. Planas ha recalcado que con esta definición Andalucía "cumple plenamente los objetivos planteados desde el principio y, de hecho, eran parte de las aportaciones técnicas que hicimos al Ministerio, además nos permite cumplir los objetivos de esta negociación de que no haya transferencias significativas entre territorios y sectores productivos". Con esta directriz, un grupo técnico se encargará ahora de definir la aplicación del modelo a cada una de ellas y la concreción de las ayudas que corresponderán a cada agricultor.

Las comunidades autónomas también han alcanzado un consenso sobre otra de las principales aspiraciones de Andalucía, la limitación al máximo de la entrada en el sistema de ayudas de nuevas superficies. La Conferencia Sectorial ha acordado también que no se produzcan transferencias económicas entre los dos pilares en los que se articulan las ayudas de la PAC, lo que según Luis Planas constituye "un elemento de estabilidad muy importante".

También es un avance relevante la aceptación de un régimen de pequeños productores, tal y como ha defendido Andalucía, lo que permite asegurar un modelo de aplicación individual que garantiza las ayudas a 117.000 productores andaluces que perciben menos de 1.250 euros. Igualmente es positiva la necesaria apuesta por los jóvenes agricultores dentro del primer pilar que también defendía Andalucía, creando un fondo específico para este colectivo de hasta el 2% del Pago Único, máximo permitido por la Comisión Europea.

Como "principal nota crítica" a la Conferencia Sectorial, Planas ha lamentado la propuesta ministerial de elevar el umbral de la ayuda mínima a 300 euros, lo que perjudica a 28.242 pequeñas explotaciones andaluzas (el 10% de los perceptores de ayudas PAC en la comunidad autónoma) que cobran ahora entre 100 (mínimo actual) y 300 euros. Se trata en la mayoría de los casos de un complemento de renta que contribuye a generar cierta actividad económica y a mantener la población en el medio rural. De todas formas se ha alcanzado un compromiso para establecer un periodo transitorio para que los beneficiarios que no lleguen a los 300 euros puedan buscar fórmulas de asociación o agrupación con el fin de que no se pierdan estos ingresos en el territorio.

Respecto al sistema de reducción progresiva y limitación del pago (capping), se ha acordado limitar las ayudas a 300.000 euros, teniendo en cuenta las entidades asociativas y el empleo generado. Andalucía considera que es un avance, pero insuficiente respecto a la propuesta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de aplicar adicionalmente una reducción del 50% a partir de 150.000 euros.

La postura andaluza ante la reforma de la PAC cuenta con el consenso previo alcanzado entre la Junta y los representantes del sector agrario andaluz (organizaciones profesionales agrarias y federación de cooperativas), con quienes Luis Planas se reunirá este viernes, 26 de julio, en Sevilla, para informar de los resultados obtenidos en esta Conferencia Sectorial.