"Apenas se ha cerrado nada de lo más importante", ha explicado Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, "y lo que sí se ha concretado nos gusta bien poco". La organización rechaza algunos de los acuerdos alcanzados: como la exclusión del viñedo y las frutas y hortalizas como beneficiarios, o el establecimiento del techo de ayudas en 300.000 euros, que consideran "a todas luces excesivo".

Un techo de 300.000 euros supone en la práctica excluir del sistema sólo a 320 beneficiarios, lo que da muestra de que la medida es "un claro maquillaje". Además, en esa cantidad no se cuentan los pagos derivados del greening ni los costes laborales que puedan demostrar dichos beneficiarios.

Gobierno y Comunidades Autónomas no han concretado la definición de agricultor activo, ni el modelo de regionalización de las ayudas, ni el año de referencia para asignar los derechos de pago básico, tampoco han cerrado los sectores que recibirán ayudas acopladas o el reparto del presupuesto del segundo pilar.

Sin embargo sí se han pronunciado sobre las transferencias de fondos entre el primero y el segundo pilar de la PAC. En el nuevo período no se va a permitir la trasferencia entre pilares, algo que para UPA hubiera evitado posibles pérdidas de fondos para España por la exigencia -e imposibilidad en muchos casos- de cofinanciación.

Según Lorenzo Ramos, "el Gobierno ha intentado, en vísperas de agosto, presentar como cerrado el consenso con las Comunidades Autónomas, pero es consciente de que hay mucha letra pequeña por negociar, cuyos efectos reales sobre el sector pueden variar mucho en función de unas u otras soluciones".

UPA participará activamente en los grupos de trabajo que se reunirán a partir de otoño para cerrar todos los temas pendientes, como los sectores que recibirán ayudas acopladas, donde la organización apuesta por los sectores ganaderos y los cultivos industriales como los más perjudicados por la aplicación del nuevo sistema.