Esta nueva reforma energética -que previsiblemente entrará en vigor el próximo mes de agosto- contempla, entre otras medidas, una revisión en profundidad de los peajes de transporte y distribución de la electricidad que actualmente pagan los regadíos, los cuales se caracterizan por tener una alta potencia contratada y un consumo muy desigual que varía notablemente según la época del año.

De acuerdo al borrador, actualmente en estudio por parte de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), las tarifas de alta tensión por las que se rige el regadío registrarían un incremento del término de potencia del 115%, que se añadiría a las subidas de más del 450% que ha experimentado en los últimos cuatro años. En la actualidad, el término de potencia representa más de la cuarta parte de la factura eléctrica.

Por su parte, la tarifa que grava el consumo -denominado en el argot técnico Término Fijo de la Energía- se reduciría en un 65% con los nuevos peajes, lo cual apenas beneficiaría a los regantes pues su impacto real en factura sólo se apreciaría sensiblemente durante los meses de julio y agosto, los más intensivos en riego y, por tanto, de mayor consumo energético.

Pagar por el consumo real

Con el fin de compensar esta subida de la factura energética, la Federación viene solicitando al Ministerio de Industria que las comunidades de regantes paguen únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fuera de la época de riego (de abril a octubre).

Otras alternativas para conseguir una reducción de los costes eléctricos pasan por despenalizar el uso de las tarifas de temporada o bien poder firmar más de un contrato por año: uno anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo (meses de riego).

Fenacore recuerda que con unos costes energéticos más competitivos se garantizaría la colaboración del sector agrario en la modernización de las más de un millón de hectáreas pendientes de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos, actualmente paralizada, debido a la necesidad de fondos públicos y de unos costes de financiación que hagan posible la viabilidad económica de la transformación de estas zonas regables.

La factura energética es una de las partidas más gravosas pues representa más del 35% de los costes de producción, máxime desde que se suprimieron las tarifas especiales en 2008 y se acometió la citada modernización, con los costes energéticos que ello supuso. En la actualidad, se estima que el regadío consume cerca del 3% de la energía nacional, el segundo demandante de electricidad de España por detrás del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Según su presidente, Andrés Del Campo, "los regantes hemos transformado los riegos de superficie, de escasa demanda energética, por eficientes riegos de presión que exigen mayor consumo energético; todos nuestros planes de amortización se hicieron de acuerdo a unos costes energéticos que no son los actuales, por lo que ahora nos encontramos en medio de una crisis económica, con una caída de precio de los productos agrarios, y con unas facturas que nos las vemos y deseamos para poder pagar. Muchos agricultores están sembrando cultivos propios del secano en regadíos modernizados para reducir el consumo energético, algo que, de continuar así, haría inviable la amortización de esta modernización en muchas zonas regables".