Durante la presentación, junto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de las medidas que se van a incorporar al Plan Contra Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, Arias Cañete ha subrayado que una de las misiones principales de su Departamento "es la de preservar y conciliar los intereses de quienes forman parte de la cadena alimentaria, para que siga sirviendo a la sociedad española".  "Las actuaciones de las que hoy hablamos preservan los intereses de uno de los eslabones fundamentales de esa cadena, si no el principal: las explotaciones agrarias", ha añadido.

En su intervención, el Ministro de Agricultura ha destacado que estas medidas son necesarias para hacer frente al "agravamiento" del problema de las sustracciones en el medio rural. Dicho problema ha sido constatado tanto por la Guardia Civil como por las Organizaciones Profesionales Agrarias, que han solicitado el endurecimiento de las penas por robos en el campo y que no sólo se tenga en cuenta el valor económico de la mercancía sustraída sino también el lucro cesante derivado de los daños causados por los robos.

De esta forma, Arias Cañete ha recordado que el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, para que los robos de productos agrícolas y ganaderos, o de los medios e instrumentos para su obtención, puedan conllevar penas de prisión de uno a tres años. Según ha precisado el ministro, esta pena podrá ser de uno a cuatro años de prisión si la persona que comete el delito porta un arma o pertenece a una organización criminal y comete el delito junto a otro de sus integrantes.

Asimismo, el ministro ha señalado que la reforma también contempla el castigo a quien trafique con los productos robados, "pudiendo, llegado el caso, imponer pena de inhabilitación especial, de entre 2 y 5 años para el ejercicio de la profesión o industria que trafique con lo robado, así como la clausura temporal o definitiva del local del que se trate.

Reforzar la seguridad

Por otro lado, el ministro ha apuntado que las Organizaciones Profesionales Agrarias también habían solicitado la necesidad de reforzar la vigilancia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el medio rural.

De esta forma, y al margen de las actuaciones que se pusieron en marcha con carácter inmediato, el Ministerio del Interior se comprometió a dar un nuevo impulso a las acciones a emprender en este ámbito concreto. "Y creo necesario subrayar la celeridad con la que se ha procedido y la magnífica coordinación y colaboración con la que se han desarrollado los trabajos", ha recalcado el ministro.

Por último, Arias Cañete ha agradecido al Ministerio del Interior la rapidez con la que se ha llevado a cabo el diseño de las medidas concretas en que se va a traducir "esta tan necesaria tarea de vigilancia y control en el campo español".

Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado que estas nuevas medidas que ahora se impulsan tienen como objetivo mejorar la seguridad de estas instalaciones que se encuentran en grandes extensiones de terreno y presentan unas características que las hacen más vulnerables, puesto que suelen estar dispersas.

En la presentación del Plan, el ministro del Interior ha informado que la Guardia Civil va a poner en marcha con carácter inmediato un despliegue de nuevos equipos específicos denominados ‘Equipos Roca' (Equipos de lucha contra el Robo en el Campo) cuya función será la de incrementar la seguridad de estas explotaciones mediante una vigilancia permanente y una mayor comunicación con los colectivos afectados.

En total, serán 55 equipos con un total de 275 agentes de la Guardia Civil dedicados en exclusiva a estos cometidos. Jorge Fernández Díaz ha señalado que el número de delitos cometidos en el campo en 2012 y conocidos por la Guardia Civil suman un total de 15.234. De ellos, 11.201 se han producido en las 15 provincias más afectadas que representan el 74% de las infracciones penales. Por provincias, las más afectadas son Valencia con 1.441 delitos; Sevilla que registra 1.306 infracciones penales; le sigue Almería con 1.150 delitos cometidos, y Toledo con 965.