Dicho mecanismo de disciplina financiera está establecido en el Reglamento vigente de Ayudas Directas de la política agrícola común. El pasado mes de marzo, la Comisión presentó su propuesta de ajuste de los pagos directos, situándolo en un 4%, a lo que el Gobierno de España manifestó su rechazo. Durante estos meses, las gestiones del Gobierno en el Consejo, y ante la Comisión y Parlamento europeo, han contribuido a que la Comisión redujera el ajuste a un 2,5%, según ha explicado Crespo.

La delegada considera que "resultan inauditas" las afirmaciones de la consejera Víboras "al manifestar que el Gobierno le había ocultado algo que es público y conocido de todos", ya que esta información se conoce al tiempo por comunidades autónomas y Gobierno. De hecho, la última información se hizo pública a través de la página Web de la Comisión Europea.

Igualmente es sorprendente, según Crespo, que la consejera "afirme que van a seguir trabajando para que no se produzca ningún recorte. No se conoce, hasta la fecha, actuación alguna de la consejera a este respecto, ni tan siquiera de rechazo, más allá de sus declaraciones a los medios de comunicación", ha añadido.

En este sentido, Crespo recuerda que "han sido las gestiones del Gobierno, llevadas a cabo hasta la fecha, y las que se están realizando actualmente, las que han conducido a que la Comisión revisara a la baja las necesidades de ajuste en los pagos del primer pilar, situando actualmente la revisión en un 2,5%".

Sobre el mecanismo de disciplina financiera

Según aclara el Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación, el mecanismo de disciplina financiera no es una novedad, es un procedimiento vigente desde el comienzo del actual periodo financiero, y su aplicación no es ninguna sorpresa, ya que es consecuencia de la aplicación del nuevo Marco Financiero Plurianual a partir de 2014 con las reglas de la PAC aún vigentes, que ya que la nueva PAC para ayudas directas comenzará a aplicarse a partir de 2015. Se aplica a los perceptores de más de 2.000 euros/año, por lo que el 56% de los agricultores y ganaderos españoles no están afectados por esta medida.

Sobre el total de los pagos supone una reducción del 1,9%. No obstante, de este 1,9%, el 0,9% corresponde a la contribución de España a la Reserva de Crisis, mecanismo que permitirá atender eventuales situaciones de crisis graves en el sector agrario y que, en caso de no utilizarse, sus importes serán integrados a los beneficiarios; se trata por tanto de un importe que no se detrae del sector agrario.

Teniendo en cuenta lo anterior, el ajuste final de la aplicación del mecanismo de disciplina financiera para el sector agrario sería aproximadamente del 1,0%, lo que supondría para el conjunto de España, no para Andalucía como afirma la Consejera, 53 millones de euros.  El impacto final sobre las ayudas directas, de confirmarse los datos actuales, sería mínimo.

Contrariamente a lo afirmado por la Consejera, este Reglamento no está aún aprobado y el Gobierno sigue trabajando para que el mecanismo de disciplina financiera tenga un impacto aún menor para el sector agrario español.

"Todas estas cuestiones ponen de manifiesto la falta de conocimiento de la Consejera sobre los mecanismos comunitarios de la PAC", ha concluido Crespo.