Las organizaciones agrarias de la provincia han valorado las ayudas aprobadas este martes por el Gobierno andaluz para los afectados por el granizo y que, según ha anunciado este miércoles la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, en su visita a Almería para reunirse con el sector, se publicarán en el BOJA el próximo viernes, día 20. Tal y como solicitó ASAJA-Almería en su día, al final, la cuantía de esas ayudas ascenderá a 5 millones de euros y, en total, la Administración andaluza prevé que sean en torno a un centenar los agricultores que puedan beneficiarse de ellas.

Desde UPA-Almería, su secretaria general, Francisca Iglesias, ha valorado el hecho de que la Consejería haya hecho el trabajo "rápido" y, además, que haya dotado las ayudas "de un presupuesto acorde con lo pedido". Por ello, dice que, en su organización, se sienten "satisfechos". Sin embargo, Iglesias ha afirmado que ahora llega el turno del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al que le ha pedido que "responda" y que lo haga "facilitando préstamos a bajo interés, con el aval de SAECA", para que los agricultores puedan acometer la reconstrucción de sus fincas y, posteriormente, pagar el préstamo con la ayuda que reciban de la Junta. Para Iglesias, y dado que las ayudas son posteriores a la inversión, "lo que ahora falta es la financiación previa" y, llegados a este punto, "el Ministerio tiene que ponerse las pilas".

Por su parte, Francisco Vargas, presidente de ASAJA-Almería, también ha valorado "la ayuda" aprobada por la Junta andaluza, si bien ha recordado que el paquete de medidas pedido por las tres organizaciones agrarias "era más amplio". En cualquier caso, reconoce que, al menos, "se ha aprobado la medida más importante, la que va a posibilitar que se vuelvan a levantar las estructuras y, además, que los bancos vuelvan a confiar en los agricultores y les faciliten el crédito". Aún así, "vamos a seguir trabajando para que se apruebe el resto de medidas que hemos solicitado", entre ellas, la exención fiscal, subvenciones a través de los créditos ICO y el aval de SAECA. Estas últimas son todas medidas que competen al Gobierno de la Nación.