Las últimas modificaciones introducidas en la normativa en el pasado mes de agosto incrementan el precio del término de potencia en más de un 150% para las tarifas de acceso en baja tensión y entre un 115% y un 125% para las de alta tensión. Si bien el término de energía se reduce, hay que destacar que la estacionalidad en el consumo eléctrico por parte de los regantes se traducirá en un beneficio ínfimo por este concepto, mientras que el término fijo de potencia gravará notablemente todas las facturas. El término de potencia supone entre un 25% y un 40% del total de la factura durante la campaña de riego, porcentaje que se dispara durante el resto de meses del año. Hay que tener en cuenta que se riega solo cinco meses y que, sin embargo, los regantes pagan el término de potencia durante todo el año, lo que representa un considerable perjuicio económico y un auténtico agravio.

La subida del IVA, que ha pasado del 16% al 21%, también ha contribuido a encarecer la factura de los regantes entre 3.500 y 13.100 euros al año, en función de la potencia contratada.

Entre 2004 y 2013, el incremento del coste de la electricidad que acumulan los regantes es de casi un 260%.

Por su parte, la agroindustria puede pagar este año unos 155 millones de euros en concepto de factura eléctrica, lo que supone un incremento del 71% con respecto a 2008 (antes de la liberalización). En este sentido, también se da la circunstancia de que las cooperativas y almazaras funcionan durante cuatro meses y que, sin embargo, pagan todo el año el término de potencia, incrementando sustancialmente sus costes reales.

Para el resto del sector agrario, excluido el regadío (invernaderos y sectores ganaderos, fundamentalmente) la factura superará los 55 millones de euros en 2013, frente a los 33 que pagó en 2008 (antes de la liberalización).

COAG Andalucía y UPA Andalucía consideran que estos incrementos son excesivos y reclaman una política energética que no se limite a repartir deuda entre los usuarios. Existe, desde su punto de vista, un mercado energético marcado por el oligopolio en la generación y una alta dependencia del exterior para conseguir la energía necesaria. Sin embargo, no sólo se actúa mal sobre la parte regulada de la factura eléctrica; la gestión de la parte no regulada es aún peor, ya que el Gobierno, en lugar de promover el autoconsumo, que permitiría elevar la competitividad de los regadíos, ha optado por limitarlo.

Por todo ello, ambas organizaciones reclaman que la reducción de costes eléctricos sea considerada como una cuestión estratégica que es necesario resolver si se quiere que esta actividad siga siendo líder y una de las fortalezas que contribuya a sacar a la Comunidad Autónoma de la situación de crisis económica.

Ambas organizaciones recuerdan que el sector agrario soporta unos costes de producción cada vez mayores, debido al porcentaje creciente que los consumos intermedios y las amortizaciones de las inversiones representan sobre una renta agraria que se mantiene en niveles de hace una década. Mientras, en España, los costes de producción fueron en 2011 más elevados que en los 5 años anteriores, destacando el encarecimiento con respecto a 2010 de las partidas de energía y lubricantes (18%), la de fertilizantes y enmiendas (21%) y la de los piensos (16,5%).
En el caso de Andalucía, la tendencia en el gasto en energía y lubricantes también es alcista: sólo entre 2005 y 2011 sufrió un incremento del 58%. Entre 2003 y 2012, los consumos intermedios pasaron de 2333 a 3270 millones de euros.

Por lo que respecta a las inversiones en modernización de regadíos, ascienden a casi 2300 millones.

La conclusión es clara: el margen o beneficio a disposición de los profesionales agrarios es en la actualidad más estrecho que nunca.

Importancia del sector agroalimentario

El sector primario se erige en un pilar fundamental para la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya producción final agraria ronda los 10.000 millones de euros  (9.907,6 millones de euros en 2012, representa el 22,9% de la PFA estatal), una cantidad de la que el regadío representa el 60%, así como el 70% del empleo generado. La industria agroalimentaria, actividad transformadora asociada a la producción, cuenta con 5.245 empresas inscritas en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía; un volumen de ventas cercano a los 11.000 millones de euros y el 27,7% de la producción industrial total de la región.

La balanza agroalimentaria andaluza ha aumentado su saldo positivo en la última década en más de un 46%, consolidando un superávit superior a los 3.000 millones de euros anuales. El valor de las exportaciones agroalimentarias en 2012 fue de 6.991 millones de euros (lo que supuso el 27,9% del peso total de productos vendidos por Andalucía a otros países), mientras que el de las importaciones fue de 3.027 millones de euros, resultando un balance favorable de 3.964 millones de euros. En el primer semestre de 2013 las exportaciones andaluzas del sector agroalimentario superaron los 4.100 millones de euros, lo que supone que el 22,5% de las exportaciones españolas tiene origen andaluz.

En términos de empleo, la contratación en el sector agrario supuso el 33,65% de la contratación registrada en Andalucía en el año 2011. La media de afiliados en alta el último día de cada mes es de 489.596 trabajadores en 2012, a los que debería añadirse los 29.083 agricultores por cuenta propia. En definitiva, el 19% de los afiliados de la Seguridad Social son agricultores o ganaderos. La importancia del sector agroalimentario es igualmente clara, pues ocupa a más de 47.000 personas en nuestra región, lo que representa el 24,5% del total del empleo industrial en la comunidad andaluza.