De lo contrario, un nuevo incremento de los impuestos sobre el consumo, principalmente del IVA, podría tener consecuencias muy negativas sobre la confianza del consumidor y, por tanto, poner en riesgo la recuperación de la economía.

La próxima reforma fiscal, que está siendo analizada en el seno de la comisión de expertos propuesta por el Ministerio de Hacienda, debe servir para estimular la actividad empresarial, la creación de empleo y la generación de riqueza. En ese sentido, un marco fiscal más eficiente, justo y equitativo debería aliviar la carga fiscal de los hogares y empresas, para acelerar la recuperación del consumo y la inversión.

De lo contrario, los efectos pueden ser muy perjudiciales para la economía doméstica. La última subida del IVA en 2012 ya produjo una caída media del consumo cercana al 7% (en tasas interanuales durante los seis meses siguientes a la aplicación de la medida). La opción propuesta por Bruselas para que productos de primera necesidad gravados con el tipo superreducido (4%) pasen al reducido (10%) y otros bienes de esta categoría pasen al tipo general (21%) produciría una caída de la producción de más de 16.000 millones de euros y la destrucción de 174.000 empleos, según un informe del Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET).

Las organizaciones consideran que el Gobierno tiene la oportunidad de crear un sistema fiscal estable, seguro y atractivo para la inversión empresarial. Un modelo que ensanche las bases fiscales y ataje el fraude para incrementar los ingresos de la Administración sin necesidad de penalizar el consumo. Una reforma que analice la calidad del gasto público y ponga orden en la maraña de tributos, deducciones y tasas estatales, autonómicas y locales. Y, por supuesto, un marco tributario que estimule el empleo, rebajando los costes y cotizaciones que pagan las empresas.

Estas nueve organizaciones empresariales representan a tres de los principales sectores estratégicos de la economía española y su facturación global asciende a 370.000 millones de euros, lo que equivale a más de un 20% del PIB nacional. Las empresas agrupadas en estos sectores son las principales generadoras de empleo en España y desean liderar la recuperación de la economía, de ahí su disposición a colaborar con el Gobierno para alumbrar la mejor de las reformas fiscales posibles.