Dicho encuentro ha sido precedido por sendas entrevistas con la Diputación de Almería y con el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, José Manuel Ortiz Bono, a quienes los representantes de los regantes andaluces han pedido apoyo para sus reivindicaciones, después de exponerles la dramática situación en que la subida de los costes eléctricos coloca al regadío, un sector económico de carácter estratégico para la provincia, que representa en Almería una facturación de más de 2.000 millones de euros y da empleo a más de 50.000 personas, "y que es el sector colchón en todas las crisis, motor del desarrollo de otros muchos sectores, que tiene una contribución decisiva, además, en el equilibrio territorial y demográfico, en la justicia social y en la preservación del medio natural, con una incidencia especial en el entorno rural", apuntaron los regantes.

Antes de estas reuniones, los representantes de FERAGUA, FERAL y AREDA mantuvieron un encuentro con los medios de comunicación, a los que explicaron que el último tarifazo eléctrico coloca al regadío en "una situación extrema, y no es ninguna exageración". Señalaron así que la última subida contenida en el decreto del 1 de agosto significará para el regadío almeriense un sobrecoste superior a los 4 millones de euros anuales y para el regadío andaluz, en general, de 37 millones anuales. Explicaron asimismo que el problema es que "llueve sobre mojado" porque esta subida se suma al incremento continuado de la tarifa eléctrica que los regantes vienen soportando en el último lustro, de más del 80%, con un incremento de los costes fijos (regulados) superior al 1000% en muchas zonas regables.

Este crecimiento desproporcionado, unido al incremento del consumo de energía eléctrica asociado al proyecto de modernización (superior al 60% en las comunidades modernizadas), supone ya que, de media, el 40% de los que le cuesta el agua al agricultor de riego tenga que ser destinada al pago de la factura de la luz, llegando en algún caso a superar el 75%, una exposición a los costes energéticos "insoportable para cualquier sector y ruinoso para un sector como el agrícola, con unos precios por los suelos, muy especialmente en el olivar, una presión impositiva más que considerable y unos márgenes que ya estaban al límite antes del último tarifazo".

Los regantes insistieron también en que el tarifazo eléctrico deja "completamente tocado" el proceso de modernización en que se encuentra inmerso el regadío en toda España y particularmente en Andalucía y Almería. A nivel autonómico, en los últimos años se han invertido en Andalucía más de 2.000 millones de euros, 400 de ellos en Almería, para modernizar las infraestructuras de riego, en un esfuerzo que ha sido compartido por las administraciones, que han destinado más de 1.000 millones a este objetivo, y por los propios regantes, "que han contraído una deuda muy grande con los bancos para poder pagar estas inversiones". "La gran paradoja es que con estas tarifas, la modernización lejos de ser una ayuda resulta una condena, porque nos permite ahorrar agua, pero nos hace gastar más energía, con lo que el futuro previsible es que nadie se modernice a partir de ahora y que, en el peor de los escenarios, las instalaciones modernizadas queden abandonadas y sin uso, volviendo los regantes a los sistemas de riego tradicionales".

Los regantes andaluces denunciaron asimismo el trato discriminatorio hacia el regadío que supone el tarifazo eléctrico, que representa para los regantes una subida del 20% de media, y para determinadas comunidades de más del 40%, mientras que para otros sectores como la industria básica significará apenas un 3% o incluso una reducción de tarifa. Un trato que agrava "la situación abusiva que venimos sufriendo los regantes desde la desaparición de la tarifa especial de riego, pues nos vemos obligados a pagar durante todo el año el término de potencia que solo necesitamos unos meses, durante la campaña de riego".

Margarita Bustamante, José Antonio Fernández y Matías Gómez señalaron por ello ante los periodistas que el Gobierno está convirtiendo el déficit de tarifa en el "móvil homicida contra el futuro del regadío" y acusó al Ministerio de Industria de insensibilidad y desprecio hacia la actividad económica representada por el regadío, que representa el 60% del PIB y el empleo agrícola, ocupando tan sólo el 17% de su territorio. Asimismo, exigieron al Ministerio de Agricultura que deje de lavarse las manos y haga algo por defender los intereses agrícolas. "Soria y Arias Cañete corren el riesgo de pasar a la historia del regadío por ser los ministros que lo arruinaron, espero que recapaciten", indicaron.

Los regantes también tuvo palabras de petición de ayuda y amparo a las consejeras de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a las que pidieron que sigan el ejemplo de otros consejeros autonómicos y se pongan a defender los intereses de los regantes andaluces frente al tarifazo eléctrico.

Finalmente, insistieron en que "no es verdad que el tarifazo sea inevitable, como se nos dice desde el Gobierno" y subrayó que "sí hay soluciones", que se encuentran en la tabla reivindicativa de medidas que FENACORE ya ha presentado al Gobierno y sobre las que se insistirá en las movilizaciones del próximo 26 de febrero.

Así, entre esas soluciones, la presidenta de FERAGUA, el presidente de FERAL y el vicepresidente de AREDA coincidieron en la posibilidad de aplicar un IVA reducido al suministro eléctrico para regadíos, tomando como antecedente inmediato el caso de Italia, un país en el que gracias a las gestiones directas realizadas por el Gobierno italiano con la Unión Europea en 2006 se aprobó un IVA reducido para la tarifa eléctrica de riego. Recientemente el gobierno ha aprobado reducir el IVA a un sector de lujo, como es el de las obras de artes. ¿Cómo el gobierno no es capaz de tomar esta medida por un sector productivo que esta injustamente tratado por la actual regulación eléctrica? Además, los regantes solicitan pagar únicamente por la potencia real registrada, es decir, la utilizada, y no por la teórica contratada para evitar el coste de un servicio que muchos no utilizan fuera de la época de riego (de abril a octubre) y que sólo tras la reforma energética del pasado mes de agosto se ha incrementado del orden de un 115%. Otras alternativas para conseguir aminorar los costes eléctricos pasan por despenalizar el uso de las tarifas de temporada o bien, poder firmar más de un contrato por año: uno anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo (campaña de riego). Por último, otra medida es facilitar que el regadío pueda producir energía distribuida y generar electricidad en su zona regable para autoconsumo, conocida como balance neto, que ya se utiliza en otros países de Europa, Asia y América y permite además inyectar a la red nacional la producción que no se necesite.

En fin, concluyeron, "los regantes estamos pidiendo algo justo, que es pagar por la energía que consumimos y por la potencia que demandamos, y no tener que pagar unos términos de potencia que no demandamos durante gran parte del año". Adaptar la regulación eléctrica a la estacionalidad de nuestro consumo es algo obligado, si no se quiere que gran parte del regadío español se abandone, generando graves impactos sociales y económicos."