"Nos preocupa que la aplicación de la nueva PAC en España se olvide de las agricultoras y ganaderas. Gobierno y CC.AA deben priorizar a las mujeres en sus políticas agrarias para garantizar un medio rural vivo. Los anunciados recortes del 30% en la cofinanciación de las medidas de desarrollo por parte del Estado no invitan al optimismo", ha apuntado Inmaculada Idáñez, responsable del Área de la Mujer de COAG y Presidenta de CERES.

En relación al proceso de negociación de la PAC, COAG y CERES reclaman que se elaboren informes de impacto de género en todos los documento de relevancia tal y como exige la Ley 30-2003 sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. "De esa manera podremos planificar y saber cómo vamos a poder actuar las mujeres trabajando en el campo, con indicadores de género que nos digan cuántas explotaciones hay de cada tipo por sexo", ha subrayado Idáñez.

Asimismo, COAG y CERES sostienen que si la Administración apuesta decididamente por acabar con la desigualdad tendrá que ejecutar medidas positivas: "para que una mujer pueda y quiera salir a la calle a trabajar, se necesita una infraestructura acoplada que debe estar impulsada desde los gobiernos. No basta con que las leyes no impidan nuestro acceso, hay que remover los obstáculos". No sólo se necesitan subvenciones y ayudas para emprender, también fomentar el acceso al crédito y por supuesto promover desde lo público el cambio en lo privado: "porque si una mujer en el medio rural no encuentra con quién dejar a sus hijos o tarda el doble en llegar al lugar de trabajo, perderá el ánimo y no terminará realizando una incorporación a la profesión agraria". Y desde luego, las instituciones tienen que cumplir las leyes para que no haya barreras a la hora de emprender. En este sentido queremos denunciar que no se están promoviendo los registros para que las personas que quieran, puedan pasar a tener explotaciones en Régimen de Titularidad Compartida.