Para Zamora, en principio, esta norma "poco o nada aporta al equilibrio de la cadena"; según comentó, "con el primer borrador, entendíamos que así podía ser, sin embargo, tras el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, quedó en nada".

El gerente de ECOHAL llamó también la atención sobre la "eficacia muy limitada" de la Ley, puesto que "sólo es aplicable en el mercado nacional, cuando la mayor parte de nuestras producciones van para exportación". Sobre este mismo punto se pronunciaron desde FEPEX; a través de un comunicado, criticaron que la norma no ha "delimitado el ámbito de aplicación en el comercio exterior" y, de hecho, consideraron que, una vez delimitado este ámbito de actuación, sería conveniente "excluir el comercio exterior, con el fin de no establecer ni cargas ni trabas administrativas a las transacciones comerciales de exportación".

Por otro lado, el gerente de ECOHAL alertó de la "discriminación" a la que, una vez más, se ven sometidas las empresas privadas frente a las cooperativas. Para las primeras, es obligatoria la formalización de contratos con los agricultores cuando las transacciones superan los 2.500 euros y si no se realiza el pago al contado. Sin embargo, "un agricultor puede firmar un contrato con una alhóndiga, pero eso no lo obliga a llevar el género a esa subasta; puede firmar más contratos con más subastas y llevar el género donde más le convenga". A este contrato con el productor, en el caso de las empresas privadas, se suma un segundo, que será el que formalicen con su cliente final. El caso de las cooperativas es bien distinto, puesto que no tienen que formalizar ningún tipo de contrato con sus agricultores socios.

Zamora lamentó, por último, que "estamos acostumbrados a este tipo de discriminación, que siempre nos ha venido por parte de la Junta, pero ahora también del Gobierno".