Prueba de que el procedimiento seguido por las cooperativas no es constitutivo de fraude es que los servicios de inspección de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales no han presentado propuesta de sanción alguna y se han limitado a reclamar la bonificación del impuesto por lo que han denominado "fallo en el proceso administrativo", un retorno que abocará a algunas entidades al cierre, al suponer desembolsos superiores a los 600.000 euros, en ciertos casos, y de más de 800.000 euros en algún otro.

En opinión de FAECA, Hacienda no ha valorado las consecuencias de la paralización de la actividad de las cooperativas agroalimentarias, fuente de empleo estable en cientos de pueblos andaluces, en los que mantienen 350.000 puestos de trabajo directos, a los que hay que añadir eventuales y los de empresas auxiliares ligadas a su actividad.

Actualmente, existen reclamaciones por valor de hasta 5 millones de euros a nivel nacional, concentrándose más de la mitad de ellas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, única en la que, a día de hoy y pese al compromiso del Ministerio de Hacienda, se siguen iniciando inspecciones.

Todo ello, a pesar de que se ha logrado la modificación del artículo 106 del RIE, a fin de despejar las dudas en torno al procedimiento y otorgar validez a la práctica habitual seguida por las cooperativas, en contra de lo establecido en una consulta vinculante posterior de 2006 y que nunca antes, hasta el año pasado, había sido de aplicación por los servicios de inspección, lo que, desde FAECA, se interpreta en clave política y recaudatoria.

En línea con lo anterior y puesto que la referida modificación no contempla el carácter retroactivo y, por tanto, no resuelve la problemática generada ni pone coto a la apertura de nuevas inspecciones por el supuesto "fallo administrativo", ya aclarado, es por lo que FAECA ha iniciado ya los primeros contactos con los agentes políticos, agrarios y sindicales de Andalucía. Posteriormente, llevará acabo acciones informativas en todos los municipios afectados y, de no lograrse el efecto deseado, no descarta otro tipo de acciones como movilizaciones e incluso pedir la retirada de la opción de voto al partido en el Gobierno a las 300.000 familias de agricultores y ganaderos socios de las cooperativas agroalimentarias andaluzas -uno de los pocos sectores económicamente viables en la actualidad-, cuyo futuro y el de sus pueblos está hoy en riesgo.