La problemática radica en las diferencias suscitadas entre Hacienda y las cooperativas en lo relativo al proceso administrativo llevado a cabo por éstas en el suministro de carburantes, cuando en ningún momento han cesado en el pago o la justificación del gasóleo comercializado. De hecho, las cooperativas han actuado conforme a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales y al Reglamento de Impuestos Especiales (RIE) de 1995. Sin embargo, ahora han sido y son motivo de inspección por no atenerse a lo dispuesto en una consulta vinculante posterior (V0442-06), emitida por la Dirección General de Tributos, la cual no se ha tenido en cuenta en las inspecciones hasta el año pasado, es decir, hasta siete años después de su publicación.

Prueba de que el procedimiento seguido por las cooperativas no es constitutivo de fraude, es que los servicios de inspección de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales no han presentado propuesta de sanción alguna y se han limitado a reclamar la bonificación del impuesto por lo que han denominado "fallo en el proceso administrativo", un retorno que abocará a algunas entidades al cierre, al suponer desembolsos superiores a los 600.000 euros, en ciertos casos, y de hasta 800.000, en algún otro, abocándolas irremediablemente al cierre.

Es por ello que FAECA lleva prácticamente un año de intensas negociaciones con la Secretaría de Estado de Hacienda y la Dirección General de Tributos, a través de las cuales se ha logrado, como avance significativo, la modificación del artículo 106 del RIE, a fin de despejar las dudas en torno al procedimiento y otorgar validez a la práctica habitual seguida por las cooperativas, una medida que no ha servido para nada al no aplicarse con efectos retroactivos, por lo que no solventa el problema generado.

Igualmente, FAECA ha mantenido numerosos encuentros con representantes de la Administración, como la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo Díaz; el delegado ejecutivo regional de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Jorge Ramírez López; y, más recientemente, con el presidente del Partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, no habiéndose logrado resultados positivos hasta la fecha.

En consecuencia, y por entender que la relación causa-efecto es desproporcionada, con peticiones de devolución que ya rondan los 3 millones de euros en Andalucía (más de la mitad del importe reclamado a nivel nacional) y que se trata de una maniobra recaudatoria y política, por ser esta región en la única en la que continúan iniciándose inspecciones, a pesar de que el Ministerio de Hacienda se comprometió a paralizarlas, es por lo que FAECA continuará trabajando, ahora de la mano de organizaciones agrarias y sindicales.

En opinión de todos los agentes implicados, Hacienda no ha valorado las consecuencias de la paralización de la actividad de las cooperativas agroalimentarias, fuente de empleo estable en cientos de pueblos andaluces, de las que depende la actividad de cerca de 300.000 agricultores y ganaderos, así como 50.000 empleos directos, a los que hay que añadir eventuales y los de empresas auxiliares ligadas a su actividad.