De esta forma, ante la presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y la directora General del Agua, Liana Ardiles, el presidente de los regantes elevó al Ministerio de Agricultura la necesidad de impulsar la creación de Juntas Centrales de Usuarios o Comunidades Generales de aguas subterráneas como vía para aprovechar la economía de escala y disponer de medios que permitan un mejor control de los acuíferos, sin olvidar otros aspectos de gran calado como la importancia de poner en marcha un sistema tarifario que les permita pagar por la potencia utilizada y no la contratada; o la aplicación rigurosa de la ley en las cuencas intercomunitarias para evitar cualquier "artilugio legal" que ceda a las autonomías el control de los ríos que pasan por sus territorios.

En opinión de Fenacore, fórmulas como las Juntas Centrales de Usuarios ayudarían a paliar situaciones como las que se están registrando en el Acuífero 27, principal reserva hídrica del Espacio Natural de Doñana, donde actualmente los depósitos de agua subterránea no pueden abastecer la demanda y "al no haberse cuantificado los recursos que entran no es posible determinar cuánta se puede extraer".

Asimismo, teniendo en cuenta que en las masas de aguas subterráneas conviven recursos de carácter privado y público, su organización en manos de comunidades de usuarios evitaría también casos como el del Acuífero 23 (Acuífero de La Mancha), donde están surgiendo grandes dificultades para la agrupación de las reservas y su distribución para los diferentes usos (agrícolas...).

Con respecto a la utilización de estas masas de agua subterránea, el presidente de Fenacore defendió su uso conjunto y complementario con recursos superficiales, ya que se consigue un aumento de la garantía de suministro si se hace más uso de los embalses superficiales o de los caudales de los ríos en los períodos húmedos y se bombea más de los acuíferos en períodos secos.

No a la contaminación política del agua

Por otro lado, el máximo representante de los regantes instó también al Gobierno a aplicar rigurosamente la legislación en materia de aguas en las cuencas intercomunitarias, recordando que encomiendas de gestión como la de la Junta de Andalucía sobre el Guadalquivir ponen en peligro el interés general, dando prioridad a los intereses localistas.

Según el presidente de Fenacore, "la experiencia nos ha hecho ver claramente cómo las comunidades autónomas suelen priorizar su propio interés frente al de todos los españoles, lo que ocasiona retrasos en la planificación hidrológica nacional y conflictos graves por el agua a todos los niveles: primero entre autonomías, después entre provincias e incluso, entre usuarios".