Tal como ASAJA ha advertido durante los tres últimos meses en los que se ha estado preparando este anteproyecto y tal y como el propio Ministerio de Agricultura explicaba el pasado martes en un comunicado de prensa el régimen de estimación objetiva es básico para el sector agrario, dado que este sistema simplificado de declaración reduce las obligaciones del titular a una declaración anual de ingresos por las ventas de sus productos, por lo que constituye una herramienta sencilla y eficaz para las declaraciones de renta agraria. De ahí que desde ASAJA, con la colaboración del propio Ministerio de Agricultura, hayamos trasladado machaconamente al Ministerio de Hacienda la necesidad de mantener el sistema de tributación por módulos.

No obstante, el anteproyecto de Ley es aún mejorable, especialmente en lo referente a los nuevos umbrales máximos que fija el texto, y es en esta línea en la que ASAJA está trabajando con la Secretaria de Estado de Hacienda para garantizar que los agricultores y ganaderos que ahora tributan en este régimen de módulos puedan hacerlo también en el futuro, puesto que parece que hay una coincidencia plena entre el sector y la Administración en que el sistema de estimación objetiva es el más adecuado para el sector agropecuario, de ahí que tal como recogen los datos oficiales aproximadamente el 90% de las explotaciones agrarias tributen bajo este sistema simplificado de declaración que aplica una serie de índices de rendimiento neto (módulos), previamente calculados, que están en relación con el rendimiento esperado de cada actividad agraria.

Para ASAJA bajar los umbrales en 100.000 euros  para permanecer en este régimen no tiene sentido, de hecho estábamos pidiendo subir el umbral hasta los 350.000 euros (recordemos que en la actualidad está en 300.000 y se plantea bajarlo a los 200.000 euros), y sobre todo para una agricultura como la nuestra.

Además, esta medida obligaría a los miembros de una misma familia a tener domicilios diferentes o incluso para matrimonios que viven bajo el mismo techo a realizar separación de bienes para que los ingresos de cada explotación no compute como un solo ingreso de la unidad familiar. Todo esto resulta un golpe duro en momentos de crisis y a favor de la disgregación familiar, lo cual resulta criticable procediendo de un Gobierno que presume de proteger y defender a las familias como pilar fundamental.

Este sistema se implantó en 1995 y va ligado al Régimen Especial Agrario del IVA y desde su implantación la cifra de declarantes ha permanecido constante, dado que cumple a la perfección con el objetivo de simplificar la tributación de las explotaciones agrarias y de adaptarse a las peculiaridades de un sector expuesto como ningún otro a los imponderables climatológicos, lo que provoca enormes desequilibrios y una tremenda volatilidad de los mercados.