Numerosas comarcas de las provincias orientales de Andalucía, principalmente del norte de Almería y de Granada, sufren desde hace meses uno de los periodos de sequía más largos que se recuerdan. Los territorios más afectados son los de Los Vélez, Valle del Almanzora, Los Filabres-Tabernas, La Alpujarra almeriense y el Levante almeriense, además del Altiplano granadino, en los que se han registrado las cotas de precipitación más bajas en décadas. También se están viendo afectadas numerosas comarcas en otras provincias, como las del Guadalhorce, Málaga o la Axarquía, por citar sólo algunas.

Las consecuencias sobre la actividad agrícola y ganadera son desastrosas, siendo los cultivos de cereal, el almendro, la apicultura y la ganadería extensiva de ovino y caprino las producciones más afectadas. Precisamente es en la ganadería donde la situación más se deteriora cada día que pasa. Ante la ausencia de pastos, se impone la necesidad de suplementar la alimentación de los animales a base de piensos y forrajes, con el consiguiente incremento de los costes de producción. Además, en determinadas zonas, los ganaderos se encuentran con verdaderas dificultades para suministrar agua a sus animales, lo cual complica el manejo de las explotaciones.

Las medidas adoptadas por las administraciones, articuladas en torno a la Orden AAA/1446/2014, son, para la organización agraria, absolutamente insuficientes y no establecen actuaciones que contribuyan a paliar las dificultades existentes. Otras medidas adoptadas, como el adelanto de las ayudas PAC, la flexibilización de determinados requisitos para el cobro de ayudas o la rebaja de módulos son bien recibidas por el sector, pero no tienen efecto inmediato sobre la delicada situación de nuestras explotaciones.

Es por ello que desde la organización agraria se exige a las administraciones públicas que dejen de mirar hacia otro lado y afronten un problema que afecta a cientos de productores andaluces y que se complica cada día que pasa sin llover. COAG plantea a la Junta de Andalucía diversas propuestas, entre ellas la posibilidad de utilizar para alimentación animal parte de la producción de frutas y hortalizas que se retire en aplicación de las medidas excepcionales adoptadas con motivo del veto ruso (tal y como ya se hizo con la crisis de la E. Coli) o establecer un sistema de suministro de agua potable a las explotaciones más afectadas.