• - Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, a fin de que el autoconsumo no se vea penalizado mediante peajes y que se permita la contratación de al menos dos potencias distintas a lo largo del año adaptándose así a las necesidades reales de la actividad agraria en cada momento, es decir que el regadío no se vea obligado a pagar durante todo el año por una potencia que no usa.

• - Ley 2/2011 de Economía Sostenible, a fin de imponer a las Administraciones Públicas la obligación de favorecer el autoconsumo fomentando la implantación en las estructuras agrarias de inversiones en energía renovable.

• - Ley 37/1992, reguladora del IVA para aplicar un tipo reducido del 10% a la factura eléctrica.

COAG Granada recuerda que el regadío andaluz aporta el 65% de la Producción Final Agraria y del empleo de nuestra comunidad. El regadío ha realizado un importante esfuerzo por modernizarse reduciendo muy considerablemente el consumo de agua y asumiendo para ello un elevado nivel de inversión que supera los 4.000 M€. Este sector, fuertemente endeudado, soporta elevados costes productivos y el incremento de la factura eléctrica (que ha alcanzado el 202% desde el año 2008, en que se liberalizó el mercado) está haciendo absolutamente inviable la actividad, amenazando definitivamente su continuidad.

Hay que tener en cuenta que la decisión de que el incremento de la factura eléctrica recaiga fundamentalmente sobre el término potencia frente al término consumo, hace inútil cualquier medida dirigida a reducir el consumo, desincentiva iniciativas de diversificación energética mediante instalaciones renovables y grava especialmente a sectores como el agrario con una clara estacionalidad.

Por ello iniciativas como ésta, por la que COAG lleva peleando muchos meses, son recibidas con enorme satisfacción por nuestro sector. COAG confía en que en el Congreso de los Diputados se alcance el mismo nivel de consenso y que la iniciativa pueda finalmente prosperar.