Los dos puntos principales de esta nueva ley que pueden afectar más al sector agrícola almeriense son los contratos y los plazos de pago. Con respecto a este último punto, Zamora explica que "las empresas hortofrutícolas siempre pagan a sus agricultores cuando es debido, es más, lo hacemos cuando mejor le conviene al productor. Sin embargo, en los plazos de pago de un cliente con la comercializadora sí hay problemas, porque nunca se ha recibido el dinero dentro de los 30 días establecidos, esto siempre ha sido así". Al respecto, el gerente de ECOHAL propone que  "sea la propia Agencia la que actúe de oficio, ya que se trata de una acción que conoce y confirma todo el sector". Y es que, Zamora argumenta que, "en su día, el borrador de esta ley tenía más empaque que ahora, ya que solamente se ha quedado en una carga burocrática". A pesar de todo ello, cree que "esta ley no va a ocasionar problemas ni por parte del agricultor ni por parte de las comercializadoras".
Por otro lado, en opinión de Roberto García Torrente, director de Negocio Agroalimentario y Cooperativo de Cajamar, esta ley tiene "diferentes aspectos que analizar". Por ejemplo, "uno de los puntos que no estaban regulados era cómo se iban a controlar las relaciones comerciales de compraventa de las alhóndigas. Muchas de las cuestiones que recogía la normativa suponían un cambio en el sistema de funcionamiento  de dichas empresas, pero yo creo que, en esta ocasión, la ley no actuaría como tal y lo que habría que hacer es adaptar la filosofía de la misma a la manera de trabajar de las alhóndigas, ya que, al fin y al cabo, la relación comercial que existe en estas empresas es pública y transparente, por lo que iría en consonancia con la norma, es decir, que tanto el comprador como el vendedor tengan claro cuáles son las condiciones de la transacción".
En cuanto a los contratos, García Torrente confirma que "tampoco habría problema, ya que siempre que hay una compraventa existe un contrato". Sin embargo, cree que uno de los problemas que puede tener la ley a la hora de aplicarse es que, "si en algún momento, una de las partes no cumple con las condiciones del contrato, como por ejemplo los plazos de pago, el vendedor no se va a atrever a denunciar a su cliente, ya que podría perderlo, por lo que es aquí donde la Agencia podría actuar de oficio si hay indicios de que, efectivamente, se está incumpliendo alguna parte del contrato".
Por todo ello, la conclusión que se puede percibir desde el sector es que la mera existencia de la ley va a propiciar que todos la cumplan, que las cosas se hagan de la mejor manera posible y que no se asista a la denuncia de ninguna de las partes que ensucie la imagen del sector almeriense.


Elena Sánchez