El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, quiere manifestar su asombro ante las declaraciones realizadas por el delegado de Agricultura con relación a la parcela donde iría ubicada la futura planta de tratamiento para el proyecto del ensilado y, en este sentido, ha asegurado que "es rotundamente falso que la Junta nos haya cedido ninguna parcela para colaborar en la puesta en marcha de este proyecto en particular, ya que los informes jurídicos de la Consejería no permitían que ese suelo que supuestamente nos cedían pudiéramos ponerlo a disposición de Frutilados del Poniente".

            "Lo grave de la situación es que una vez descartada la opción de la cesión por imposición legal y optar por la compra de los terrenos como única solución para darle viabilidad al proyecto, la Junta ha actuado de muy mala fe tratando de aplicar ahora criterios de mercado, ya que las negociaciones para la compra comenzaron hace ya meses y, sin embargo, en el mes de diciembre, a espaldas de este Ayuntamiento y de todos los empresarios, con nocturnidad y alevosía, introduce una disposición adicional en la ley de presupuestos para cambiar la valoración de ese suelo, que es de pasto, y así poder multiplicar por casi cuarenta veces su valor real", subraya Góngora.

            El primer edil quiere dejar claro que "nuestra indignación no es por el tema de la imposibilidad de la cesión para la puesta en marcha de esta actividad, sino por el hecho de que se haya actuado de manera tan miserable con la intención de hacer caja a costa de las necesidades del sector, cambiando la normativa en el último momento para que la compra no pudiera realizarse según la normativa del año 2011 y para que el precio se haya visto incrementado en más de un 3.000%".

De esta forma, desde el Ayuntamiento se asegura que hasta finales de año, la Junta de Andalucía ha estado enajenando parcelas en toda la Comunidad Autónoma, como en Palma del Río o en Puebla de Don Fadrique, por ejemplo, con la normativa de 2011, según la cual deberían aplicarse los valores catastrales en las operaciones de compra, "pero es obvio que esto no les interesaba, a pesar de que suponía materializar un proyecto para una cuestión como el tratamiento de los restos, que es de gran interés social y medioambiental para nuestra comarca y nuestro sector agrario y que vendría a cubrir un déficit de gestión por parte de la Consejería, que es quien tiene todas las competencias en esta materia desde el año 2012, tal y como viene recogido en el Reglamento de Residuos de Andalucía, aunque no haya movido un dedo al respecto". "Prueba de que la Consejería no ha movido ni un dedo en este asunto es que todavía hoy sigue sin reconocer sus obligaciones en este sentido", indica Góngora.

El Ayuntamiento, que no tiene competencias en materia de gestión de los restos, esperaba adquirir la parcela para ponerla a disposición de los empresarios que se han volcado con este proyecto, algo a lo que desde el principio se ha negado la Consejería, por lo que "es absolutamente falso que nos hayan querido ceder un terreno con esta finalidad, ya que tuvimos que plantearnos la compra ante la negativa de la Junta a cedernos el derecho de superficie para poder seguir adelante con esta iniciativa".  

"Evidentemente, la única posibilidad legal es la venta de los terrenos y, evidentemente, después de la trampa y chapuza que ha hecho la Junta modificando la ley de presupuestos ahora no se pueden adquirir esos terrenos por debajo del precio de mercado, pero es que el detalle que obvia el Delegado es que esta negociación comenzó meses antes de que se introdujera esa disposición adicional en la normativa para que a partir de diciembre el precio del suelo tuviera un precio superior al que tenía anteriormente, y eso tiene un nombre, y es el de boicot al proyecto y a todo el sector agrario", ha puntualizado Góngora.