En ese sentido, el máximo responsable de COAG ha pedido al Comisario europeo que, en el caso del veto ruso, la UE dé continuidad a las medidas compensatorias y prorrogue el reglamento de diciembre de 2014 hasta que el veto siga vigente. Además, ha reclamado que se incluyan aquellas frutas de hueso que se quedaron fuera  y se aumenten las indemnizaciones por retirada. "Los agricultores no son responsables de esta decisión por lo que es injusto que tengan que pagar las consecuencias", ha apostillado Miguel Blanco. Respecto a futuros escenarios de crisis, ha pedido la creación de un sistema de gestión que se active de forma automática, que sea mucho más ágil accesible para todos los productores y que cuente con apoyo presupuestario público.

Respecto a la crisis del sector lácteo, el responsable de COAG ha subrayado que tras la desaparición de las cuotas se ha producido una caída generalizada de los precios por debajo de los costes. Ha alertado del riesgo de deslocalización de la producción en regiones tradicionalmente productoras y muy sensibles, y la posible desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones. "Es necesario establecer un sistema de control de la producción a escala europea y en cada uno de los Estados, ya que las medidas que recoge el denominado "Paquete Lácteo" se están mostrando claramente insuficientes para situar las explotaciones en el umbral de la rentabilidad y evitar el abandono de miles de ganaderos", ha afirmado Blanco.

Respecto al Acuerdo Transatlántico UE-EEUU (TTIP), el representante de COAG ha mostrado su rotundo rechazo a cualquier acuerdo en los términos en los que se está negociando, ya que puede suponer el desmantelamiento del modelo social agrario y de una alimentación sostenible en la UE. "Hay líneas rojas que no deben traspasarse en todo lo concerniente al mantenimiento de los parámetros de calidad, seguridad alimentaria, respecto al medio ambiente y al bienestar animal que cumplimos los agricultores y ganaderos españoles y comunitarios. Además, debe respetarse el reconocimiento de las figuras de calidad diferenciada tales como DO e IGPs", ha puntualizado Blanco.

Asimismo, desde COAG se ha pedido a Hogan una priorización de las políticas agrarias comunitarias en favor del modelo social y profesional de agricultura, mayoritario en la UE, y "único capaz de garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos de forma sostenible". Ha ahondado en el carácter estratégico de este modelo, como base de alimentación y en el reconocimiento de la principal función de los agricultores y ganaderos como productores de alimentos, "verdadero elemento legitimador de este actividad".

En relación a ello, ha advertido de que la desregulación total de los mercados, que está inspirando las sucesivas reformas de las políticas agrarias comunitarias, debilita el modelo social de agricultura ya que expone a las explotaciones a una perniciosa volatilidad de los precios y como consecuencia a una caída de rentas. En este apartado, ha subrayado especialmente que sin un marco regulatorio mínimo, la auto-regulación aprobada en la última reforma de la PAC se puede quedar en papel mojado. "Es necesario desarrollar toda la operatividad de los mecanismos de auto-regulación del sector (interprofesionales y organizaciones de productores (OP)) y todas las medidas de excepcionalidad a las normas de competencia para hacer realmente operativos estos instrumentos. Todo lo concerniente a gestión de crisis, retirada de productos del mercado, contractualización y negociación de precios no está suficientemente desarrollado en la reglamentación comunitaria y puede chocar frontalmente con las autoridades de Competencia, provocando una gran inseguridad jurídica".

Además, el secretario general de COAG ha recordado al Comisario que es necesario un marco regulatorio de la cadena de valor agroalimentaria a nivel comunitario con el fin de corregir los desequilibrios existentes y evitar así las situaciones de abuso de posición dominante de las grandes cadenas de distribución y la fracturación del mercado único de la UE.