A este respecto, la ministra se ha referido a los esfuerzos de su Departamento para actualizar la normativa vigente y dar "una adecuada respuesta a las necesidades de los consumidores y de los operadores". Hasta el momento, se han acordado con los diferentes sectores un total de 16 reales decretos, que regulan la calidad de cerca de 500 productos alimentarios.

También ha destacado la importancia de la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográfica Protegidas de ámbito supra autonómico, publicada el pasado mes de mayo, que "redundará en una mayor garantía de los productos que estén amparados por dichas indicaciones geográficas".

Defensa de la calidad de los alimentos
Ahora, ha añadido, con el proyecto de Ley de Defensa de la Calidad Alimentaria "se viene a cubrir la necesidad de disponer de una norma básica, actualizada y eficaz para una efectiva defensa de la calidad comercial de los alimentos".

Según ha detallado, este proyecto da respuesta a tres de los objetivos prioritarios del Gobierno en este ámbito, como son:

· La defensa de los intereses del consumidor y la protección de la calidad de los productos

· El impulso de la mejora de la competitividad del sector agroalimentario y la presencia de los productos españoles en los mercados internacionales

· La incorporación de los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado a las normas reguladoras del control de la calidad alimentaria y su adaptación a la reglamentación comunitaria.

Para hacer efectiva la protección de la calidad de los productos, García Tejerina entiende que es necesario que las autoridades competentes dispongan de los instrumentos legales adecuados para llevar a cabo los controles oficiales, así como de un régimen sancionador.

Asimismo, la ministra ha apuntado que el mantenimiento del éxito de las exportaciones alimentarias españolas requiere maximizar las garantías de su calidad.

Y en relación con la Unidad de Mercado, con la elaboración de esta Ley se ha buscado que los operadores no tengan que cumplir más que una sola regulación en materia de control de la calidad. "Con ello se salvarán los obstáculos con los que se encuentran las empresas del sector al recibir un tratamiento distinto según la Comunidad Autónoma en la que operen", ha aclarado.

Instrumentos del proyecto de ley
Isabel García Tejerina ha insistido en la importancia y necesidad de esta ley, ya que la actual normativa estatal que regula el control de la calidad alimentaria y el correspondiente procedimiento sancionador está contenida en un real decreto de 1983. Ante la ausencia de actualización, dicho real decreto no es de aplicación en ocho Comunidades Autónomas, que han aprobado sus correspondientes leyes de calidad.

Para la ministra, "esta situación se traduce en trabas a la unidad de mercado y está causando graves disfunciones en la aplicación de los procedimientos de control de la calidad y del régimen sancionador entre Comunidades Autónomas", lo que se traduce en mayores costes, menor eficiencia de los operadores y dificultades para garantizar la calidad alimentaria.

Para corregir esta situación, el Proyecto de Ley contempla diversas actuaciones, que se enmarcan en tres instrumentos. En primer lugar, ordenar el sistema de inspecciones y controles en las etapas de la cadena de suministros. Según ha aclarado la ministra, "al impulsar esta ley se ha buscado favorecer la competitividad de las empresas, mediante la simplificación de los mecanismos de control de la calidad comercial de los productos alimentarios, a lo largo de dicha cadena".

Se trata, ha añadido, "de una regulación ciertamente avanzada en nuestro país", ya que se refuerza el control por las autoridades competentes y, al mismo tiempo, se da mayor capacidad de actuar al operador en el ámbito de la autorregulación, todo bajo criterios comunes de control oficial de la calidad.

En segundo lugar, el Proyecto de Ley incluye homogeneizar y actualizar el régimen sancionador, con unas normas básicas que establecen que hechos son infracciones leves, graves y muy graves. Al mismo tiempo, se define una horquilla en relación con la cuantía de las sanciones.

Y en tercer lugar, en este Proyecto de Ley se establecen marcos de colaboración estable y sistemas de redes de intercambio rápido de información, entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas. Se trata de coordinar sus actuaciones y armonizar la interpretación normativa para reforzar la protección de los derechos del consumidor.

En definitiva, García Tejerina ha subrayado que esta norma hace posible una defensa más eficaz de los intereses de los consumidores y facilita la garantía de la calidad comercial de nuestros productos en los mercados exteriores". Además, "hace más sencilla la tarea que corresponde a los operadores y está en línea con los principios que inspiran la unidad de mercado".