Esta cantidad se suma a los 415,6 millones de euros correspondientes al pago básico y de pequeños agricultores que se abonaron durante la primera semana de este mes. En total, se van a anticipar 635.883.011,93 euros de los que se beneficiarán más de 225.000 agricultores y ganaderos andaluces.

Durante su intervención en comisión parlamentaria, Ortiz ha resaltado el esfuerzo realizado por la Consejería para que los agricultores y ganaderos andaluces cobren en tiempo pese a las dificultades que se derivan de la aplicación del nuevo modelo y a que el plazo de presentación de solicitudes se amplió en un mes. Además, la aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) para hacer posible el anticipo "ha sido especialmente compleja en Andalucía, que concentra el mayor número de expedientes de toda España".

La consejera ha insistido en que el problema de fondo que tiene Andalucía con esta nueva PAC no va a ser el cuándo se cobren las ayudas, pues "el trabajo de los profesionales de la Consejería está posibilitando que agricultores y ganaderos cobren en tiempo, sino el cuánto, ya que el diseño de la nueva PAC decidido por el Ministerio reduce en unos 58 millones de euros anuales las ayudas directas". Y por otro lado, "también por decisión del Ministerio, no se ha concedido ayudas asociadas para determinados sectores con dificultades, que son estratégicos para Andalucía", ha concluido.

Olivar en pendiente

La consejera ha anunciado en comisión parlamentaria que la Junta volverá a solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una ayuda asociada para el olivar en pendiente que compense los elevados costes de recolección y garantice la viabilidad de este cultivo, del que dependen 71.500 familias andaluzas. La Comisión Europea da la posibilidad de revisar la configuración de este tipo de incentivos antes del 1 de agosto de 2016 para su aplicación en 2017. "Nosotros vamos a exigir al Gobierno central que aproveche esta posibilidad, tal y como se comprometió en Conferencia Sectorial en 2014", ha recalcado la consejera.

Desde Andalucía se ha trasladado en diversas ocasiones al Ministerio la necesidad de que el olivar en pendiente superior al 20% cuente con un apoyo específico para evitar su abandono y el impacto negativo en el empleo y la economía de los territorios afectados. Sin embargo, ha explicado Ortiz, "este Gobierno ha ignorado sus compromisos, como ya sucedió en la Sectorial de julio de 2013, cuando le quitó en torno a 600 millones de euros a Andalucía, a nuestros agricultores, ganaderos y a nuestros sectores" para el nuevo periodo de aplicación de la Política Agrícola Común.

La consejera ha reiterado asimismo el compromiso del Gobierno andaluz con sectores estratégicos andaluces en situaciones de dificultad. En este sentido, ha subrayado que "vamos a exigir también la inclusión de sectores con riesgo de abandono como la uva pasa para que puedan beneficiarse de estas ayudas". Asimismo, ha asegurado, "queremos que se mejore la ayuda de sectores como la remolacha de siembra otoñal, los frutos de cáscara, el ovino de carne, o el vacuno de leche. Estos sectores disponen de una ayuda asociada, pero su diseño no refleja en absoluto las necesidades de sus explotaciones, ni recoge el planteamiento de la Comisión sobre las ayudas asociadas, que no es otros que auxiliar sectores emblemáticos y con riesgo de abandono".

Caminos rurales

Carmen Ortiz ha explicado en el Parlamento que gracias al Plan Conecta2 de la Junta, dotado con 26,7 millones, se van a arreglar 311,56 kilómetros de vías rurales de Andalucía. Asimismo, ha matizado que "los caminos que no hayan podido beneficiarse de este plan podrán acogerse a futuras convocatoria de ayudas que incluye el Programa de Desarrollo Rural, siempre que cumplan las exigencias comunitarias".

Durante su intervención, la consejera ha recalcado que las ayudas a mejoras de caminos del Plan Conecta2 "no son una novedad", sino que se enmarcan en el PDR 2007-2013 y que para la selección de proyectos se han establecido una serie de criterios objetivos de priorización. Las actuaciones están dirigidas a la mejora de infraestructuras rurales de titularidad pública municipal que favorezcan el acceso a explotaciones agrarias y contribuyan a aumentar su competitividad, siempre que unan dos municipios diferentes o núcleos de población que estando en un mismo término municipal superen en ambos casos el millar de habitantes.