La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido por carta a Gobierno, partidos políticos y europarlamentarios españoles que pongan en marcha una ofensiva diplomática en Bruselas para pedir la suspensión cautelar del acuerdo de libre comercio agrícola con Marruecos, en la línea que plantea la sentencia de anulación del Tribunal de Justicia de la UE.

El análisis pormenorizado de los Servicios Jurídicos de COAG sobre la sentencia, destaca que el acuerdo no garantiza el desarrollo de la población saharaui y además, según ha acreditado el Frente Polisario, beneficia exclusivamente a  grandes corporaciones extranjeras que producen para la exportación, esquilmando los recursos naturales de la zona. "La sentencia pone en evidencia lo que llevamos décadas denunciando: bajo el pretexto de la cooperación internacional lo que se favorece son los intereses económicos de un puñado de multinacionales agroexportadoras. La Comisión y el Consejo de la Unión Europea no sólo no velan por los intereses de los agricultores europeos sino que en sus acuerdos también se desentienden de los derechos fundamentales de la población autóctona", ha lamentado Miguel Blanco, Secretario General de COAG.

Además, tal y como  denunció COAG en noviembre de 2012, el Acuerdo de libre comercio agrícola UE-Marruecos vulnera, a su vez, la legislación europea sobre comercialización de frutas y hortalizas frescas al limitar la capacidad de los consumidores para discernir claramente si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este Reino, o bien procede del Sahara Occidental. La legislación europea de frutas y hortalizas establece que los productos destinados a ser vendidos frescos al consumidor solo podrán comercializarse si en ellos figura la indicación del país de origen.

Tras conocer la sentencia, COAG pidió la semana pasada que se paralicen de inmediato todas las importaciones de frutas, hortalizas y aceite de oliva procedentes de Marruecos. Esta organización agraria recuerda que las producciones procedentes de terceros países no cumplen con las exigentes normativas europeas en materia laboral, social, ambiental, etc., lo que supone un desequilibrio evidente para el mercado europeo y una competencia desleal para los productores agrarios comunitarios, ya que las importaciones no juegan con las mismas condiciones de legalidad y lealtad que todos los agentes del mercado.

En la carta enviada, COAG también ha recordado y criticado cómo Marruecos ha presionado con éxito a la Unión Europea en otras ocasiones para defender sus intereses, alterando la estabilidad de los mercados europeos. En particular, se ha señalado la modificación de 2014 del sistema de precios de entrada en el sector de las frutas y hortalizas en la que se cambió el método de cálculo del valor global de importación (VGI) en el tomate de importación, para tener en cuenta todas las categorías del mismo. Esta situación ha provocado que se desvirtúe el sistema y no sea coherente con la situación de mercado, generando un nivel artificial del VGI que permite que se eluda el pago de tasas arancelarias en situaciones en que deberían satisfacerse. Dado que el sector depende mayoritariamente del funcionamiento de los mercados y no de las ayudas directas, la correcta y necesaria regulación en frontera es imprescindible para asegurar un mínimo de estabilidad. Por ello, COAG considera imprescindible la reforma del sistema para diferenciar las importaciones de tomate redondo de las importaciones de especialidades y tomate cherry de Marruecos. El actual proceso de revisión de los reglamentos de aplicación de la normativa comunitaria en frutas y hortalizas es la ocasión ideal para la incorporación de dicha modificación.