Del Campo -que realizó estas declaraciones en la jornada "El regadío y la normativa sobre balsas de riego" inaugurada por la titular de Agricultura, Isabel García Tejerina- explicó que el texto que clasifica las balsas de riego está redactado en 2012, es decir, que les están aplicando unos criterios de seguridad que poco o nada tienen que ver con el momento en el que se construyeron, pues hace años ninguna infraestructura transcurría por esa explotación, con lo que no había riesgo de daños físicos, materiales o medioambientales por inundación en caso de rotura.

De esta forma, Fenacore no entiende que sea el regante, como titular de la balsa, quien deba asumir los gastos derivados de garantizar la seguridad aguas abajo si en su día la poza se construyó sin ese nivel de riesgos, cuando lo justo sería que los afrontara la Administración, que es quien decide la licitación de proyectos en esa zona a posteriori y, por tanto, quien debe minimizar cualquier peligro.

Según del Campo, "si al propietario de un terreno o un inmueble al que le construyen una carretera próxima no le obligan a asumir ninguna responsabilidad sobre esa vía, ¿por qué al regante le hacen pagar por las posibles consecuencias sobre una infraestructura construida años después en las proximidades de su balsa?".

En este sentido, y dado que los asuntos de protección, emergencia y seguridad son una competencia transferida a las comunidades autónomas, alcanzar un consenso se presume trabajoso, ya que implica poner de acuerdo a 26 administraciones (las comunidades autónomas, las islas Canarias, Ceuta y Melilla).

Diferentes criterios de seguridad para balsas y presas

Durante la jornada, el presidente de los regantes aprovechó la presencia de la ministra de Agricultura y de la directora general del Agua, Liana Ardiles, para solicitar la aplicación de criterios de seguridad diferentes a las balsas y las presas, por considerar que ambas infraestructuras no tienen nada que ver ni en sus características de construcción, ni en capacidad ni en uso.

De esta forma, abogó por recoger estas diferencias en el borrador del texto de las Normas Técnicas de Seguridad (NTS), que están pendientes de aprobarse mediante Real Decreto y que unificarán la actual normativa vigente en esta materia.

Así en lugar de poner en marcha tres NTS (para la clasificación, elaboración e implantación de los planes de emergencia de presas y balsas; para el proyecto, construcción, puesta en carga y llenado de presas y balsas; para la explotación, revisiones de seguridad y puesta fuera de servicio de presas y embalses), Fenacore apuesta por dividir cada norma en dos partes, diferenciando presas y balsas.

Y es que se está situando en un mismo nivel a ambas infraestructuras, obligando a aplicar los mismos requisitos a las más de 60.000 pequeñas balsas existentes en España que a los más de 1.300 embalses, cuando las primeras son obras hidráulicas básicas situadas fuera de un cauce y delimitada por un dique retención asociadas, principalmente, a la actividad del regadío; mientras que los segundos son infraestructuras de mayor envergadura, realizados generalmente en hormigón y vinculados al abastecimiento de agua potable, la generación de energía eléctrica, entre otros.