El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que mejora la capacidad de respuesta ante los nuevos retos en materia de sanidad vegetal. La norma, elaborada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, avanza en la regulación de la prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios y la inspección de equipos para su aplicación. Asimismo, facilita la adopción de medidas para hacer frente a recientes amenazas como las vinculadas a la bacteria ‘Xylella fastidiosa', que afecta al olivo, o el HLB de los cítricos.

El nuevo marco regulador desarrolla y adapta en Andalucía la normativa estatal sobre la materia, especialmente el Real Decreto 1311/2012, sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios. En este sentido, faculta a la Administración autonómica para reforzar y ampliar la denominada Gestión Integrada de Plagas (GIP) en explotaciones agrarias que lo requieran debido a sus características ambientales, económicas o de importancia en el territorio. La GIP consiste en el seguimiento de una serie de criterios agronómicos y de manejo de plagas que conllevan la reducción del uso de plaguicidas al mínimo indispensable en favor de otros métodos como los culturales o biológicos. Su aplicación es obligatoria desde el 1 de enero de 2014.

Por otra parte, se incluyen adaptaciones normativas relacionadas con el suministro de fitosanitarios para uso profesional; el comercio electrónico de los mismos; la actividad de los asesores en GIP; la regulación del carné de usuario profesional y el procedimiento administrativo para la inscripción en el registro oficial de fabricantes, suministradores y aplicadores de productos fitosanitarios.

En relación con el carné, el decreto designa al Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) como entidad responsable de la formación para su obtención, a través de un sistema que permitirá acreditar a entidades privadas que puedan impartir cursos.

El decreto se completa con disposiciones relativas a las herramientas administrativas que actualizarán y agilizarán los procedimientos de inscripción en el registro de productores y comerciantes de material vegetal, así como sus obligaciones para mejorar la sanidad de las plantas de vivero.

En línea con esta nueva regulación, el Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy un decreto ley que deroga el régimen de exclusividad de los servicios de inspección técnica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios, lo que permite abrir la actividad a otros operadores autorizados frente a la actual atribución a la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía, SA (Veiasa).