El documento establecerá las medidas previstas hasta 2020 para, entre otros objetivos, reforzar el papel que la población femenina desempeña en la revitalización y diversificación económica del medio rural y de las zonas litorales con presencia de la pesca. Asimismo, ampliará las políticas de apoyo al emprendimiento y al empleo que actualmente desarrolla la Junta con el fin de evitar los riesgos de envejecimiento en unos sectores clave de la economía regional. Actualmente, más de 2,24 millones de mujeres viven en la Andalucía rural, que concentra casi el 55% del total de habitantes de la comunidad autónoma.

La nueva estrategia, que consolidará la perspectiva de género en el ámbito competencial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, se dirigirá a mejorar el arraigo de las mujeres, especialmente de las más jóvenes, eliminando los obstáculos que lo dificultan. En este sentido, la mayor parte de las medidas se desarrollará en los ámbitos del acceso al empleo, la conciliación laboral y familiar, la profesionalización del trabajo, el apoyo a la iniciativa empresarial y la mejora del reconocimiento social.

Entre otras políticas de fomento de la igualdad, el plan dará continuidad a las iniciadas en 2009 en el marco del Programa Lidera Andalucía, cofinanciado por la Unión Europea y que se lleva a cabo a través de los 52 Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de las ocho provincias.

Esta iniciativa, con una dotación público-privada de 600 millones de euros para más de 6.000 proyectos de carácter económico y social, incorpora un compromiso de inversión con perspectiva de género del 30% para cada GDR (unos 180 millones en su conjunto). Ello ha permitido generar y consolidar hasta ahora unos 7.500 empleos para mujeres, además de respaldar la actividad empresarial iniciada por las 300 que se han dado de alta como trabajadoras por cuenta propia.

De acuerdo con el decreto de formulación aprobado hoy, la elaboración del plan corresponde a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que remitirá su propuesta inicial al resto de departamentos de la Junta y a los principales agentes económicos y sociales, así como a las asociaciones de mujeres representativas en el medio rural. Una vez expuesto a información pública y perfilado con las alegaciones que se incorporen, el texto definitivo será remitido al Consejo de Gobierno para su aprobación.