Ortiz ha afeado la actitud de la ministra, "por su dejación de funciones al anunciar que corresponde a Andalucía convencer al resto de autonomías" cuando según la Ley 21/2015 las normas aplicables a los pagos directos a los agricultores incluidos en el marco de la PAC se aplicarán conforme a criterios comunes establecidos a escala nacional para todo el territorio, habilitando al Gobierno para adoptar dichas normas.

El reglamento de la PAC prevé que los estados puedan hacer una revisión de las ayudas asociadas y comunicarlas a la Comisión Europea antes del 1 de agosto de 2016. En el caso de España, la Conferencia Sectorial celebrada en enero de 2014 acordó que se realizaría antes del 1 de julio de 2016.

La consejera ha recordado que la reunión de este órgano es fundamental, ya que es la "única posibilidad que tenemos de recuperar una pequeña parte" de las pérdidas infligidas con la reforma de la PAC aprobada por el Gobierno de Rajoy, por la cual los pequeños agricultores y ganaderos van a recibir 902,5 millones de euros menos en el marco 2014-2020 que los que dispuso en el periodo 2007-2013. Por eso, ha enfatizado Ortiz, "venimos reclamando desde hace tiempo a la ministra que convoque la Conferencia Sectorial, pero finalmente ha preferido esperar a que pasen las elecciones y dejarlo para el último minuto del último día posible, sin margen alguno, por lo que nos tememos lo peor".

Según ha explicado la titular de Agricultura, la propuesta que la Consejería envió el 3 de junio al Ministerio y que fue refrendada por el Consejo de Gobierno el día 7 de junio, podría suponer un incremento de las ayudas de la PAC para los agricultores andaluces de unos 35 o 40 millones de euros anuales, una cantidad modesta pero que viene a ser como una "tirita para la gran brecha económica" que supone el recorte de más de 900 millones de euros a los agricultores y ganaderos más modestos, los que perciben menos de 5.000 euros de ayudas.

Durante su intervención, la consejera ha detallado la revisión que plantea Andalucía en el régimen de las denominadas ayudas asociadas, que priman la producción en cultivos con especiales dificultades, que por su baja productividad y rentabilidad los sitúan en riesgo de abandono y cuyo mantenimiento se considera estratégico por motivos económicos, sociales y medioambientales. La principal reivindicación es que se conceda una ayuda asociada -una compensación extra- a sectores de una gran relevancia social en Andalucía como el olivar en pendiente, el trigo duro y la uva pasa.

La Junta solicita además mejoras en las ayudas asociadas que sí existen ahora para la remolacha, los frutos de cáscara, el caprino y el vacuno de leche, ya que en su diseño actual no se consideran las particularidades que tienen estos sectores en Andalucía.

Carmen Ortiz, que ha insistido en que lo que "exigimos desde Andalucía es un tratamiento justo para nuestros sectores marginados, en cumplimiento del marco normativo comunitario", ha ido detallando la revisión que propone Andalucía para cada cultivo, "avalada por informes técnicos y datos objetivos". Así, en el caso del olivar en pendiente, ha recordado que la Junta plantea una ayuda asociada de entre 27 y 108 euros por hectárea, dependiendo del tamaño de las explotaciones y con una modulación a partir de las cinco hectáreas de superficie. Andalucía cuenta con 392.090 hectáreas de este cultivo en pendiente superior al 20%, factor este que limita rentabilidad al incrementar los costes por la dificultad del empleo de maquinaria. De ellas, 184.992 se encuentran en pequeñas explotaciones que no superan las cinco hectáreas.

Para la uva pasa, en riesgo de abandono debido a unos elevados costes de producción que hacen inviable el mantenimiento del cultivo sin apoyos económicos, se propone una ayuda asociada de 566 euros por hectárea. Y para el trigo duro, una prima de 40 euros por hectárea modulada al 50% a partir de las primeras 50 hectáreas.

Asimismo, ha explicado las mejoras que se recogen en el documento andaluz para los sectores que actualmente sí cuentan con este tipo de ayudas. En cuanto a la remolacha de siembra otoñal, se solicita incrementar la superficie objeto de ayuda a 8.587 hectáreas, aumentar el importe unitario del cultivo a 534 euros por hectárea, y su partida presupuestaria hasta los 4,6 millones de euros. Para los frutos de cáscara la revisión de Andalucía plantea una ayuda diferenciada con un importe unitario equiparable al establecido para los territorios insulares, es decir, que sea un 36% superior al de la zona peninsular.

En el sector ganadero, se propone un incremento global de 5,69 millones de euros en la ayuda al caprino con el fin de compensar sus márgenes negativos. Para el vacuno de leche, el principal elemento de revisión se orienta a que la prima unitaria a las primeras 75 vacas actual se mantenga hasta las primeras 150 vacas, al objeto de dar apoyo a las medianas explotaciones.

Pérdida de fondos PAC en Jaén
En la misma sesión parlamentaria, y en respuesta a una pregunta sobre la incidencia de la PAC en Jaén, Carmen Ortiz ha explicado que es la provincia más afectada, ya que deja de percibir 272,1 millones de ayudas directas en el conjunto del período 2014-2020, lo que supone una pérdida del 10,3% respecto al anterior marco.

Esta merma, según ha explicado la titular de la agricultura andaluza, se debe a que "es la que más sufre las dos decisiones del Ministerio: le afecta tanto el recorte lineal, que por primera vez se va a aplicar a los beneficiarios de menos de 5.000, que en el caso de Jaén son más de 83.000 agricultores; como el modelo de ayudas asociadas, que da la espalda al olivar en pendiente, de extrema importancia en esta provincia".

En este sentido, Ortiz ha recalcado que "en el caso de que el Gobierno de España decida aceptar nuestra propuesta de ayudas asociadas, Jaén podría recuperar por esta vía, aproximadamente 11,99 millones de euros anuales, que aunque quedaría lejos aún de los 272,1 millones que hoy por hoy tiene recortados, al menos se aliviaría, en parte, este tremendo varapalo que ha aplicado el Gobierno central".