La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha participado hoy a través de videoconferencia en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, donde ha insistido en la necesidad de aprovechar la adaptación del reglamento de la Organización Común del Mercado de estos alimentos para actualizar los precios de retirada de los productos hortofrutícolas, una de las actuaciones que los productores llevan a cabo para luchar contra las crisis del mercado.

Además, Ortiz ha recalcado que es “fundamental” que se aumenten las cantidades de productos susceptibles de ser retirados que se contemplan en el nuevo reglamento de medidas para compensar las consecuencias del veto ruso, ya que, a su juicio, son “insuficientes”. La titular de Agricultura ha hecho hincapié en que el presupuesto de estas ayudas no debe proceder de los fondos destinados a las Organizaciones de Productores ni de la Reserva de Crisis, ya que se trata de una situación “ajena al sector agrario, pero cuyas consecuencias sufren injustamente los agricultores y ganaderos”.

La consejera se ha referido también que se introduzcan en el reglamento relativo al veto ruso productos como son la fresa, el calabacín y la berenjena. El Reglamento Delegado que establece las medidas compensatorias hasta junio de 2017, que entró en vigor el pasado 1 de julio, contempla la posibilidad de realizar retiradas dirigidas a la distribución gratuita y otros destinos, renunciar a efectuar cosecha y cosechar en verde. Entre los productos susceptibles de acogerse a estas medidas se encuentran frutas y hortalizas incluidas en reglamentos anteriores: manzanas y peras (2.300 toneladas); ciruelas, uvas de mesa y kiwis (1.500 toneladas); tomates, zanahorias, pimientos dulces, pepinos y pepinillos (6.900 toneladas); naranjas, clementinas y mandarinas (16.600 toneladas); y melocotones y nectarinas (11.500 toneladas). Este año, además, se suman las cerezas dulces y los caquis.

Sector lácteo

La titular de Agricultura ha reivindicado también que se contemple la posibilidad de establecer ayudas a la liquidez de las empresas hortofrutícolas financiadas con fondos de la Unión Europea “en las mismas condiciones que vayan a implementarse para el sector lácteo”. La consejera ha apuntado que esta solicitud queda justificada por “la reiterada caída de precios en los mercados de frutas y hortalizas por cuestiones políticas ajenas al sector”.

En cuanto al lácteo, Carmen Ortiz ha resaltado la “escasa respuesta” que han tenido las medidas propuestas hasta la fecha, debido a que se trata de ayudas de Estado y no de financiación procedente de la Unión Europea; y a que falta la coordinación que este tipo de medidas de mercado requieren para garantizar su efectividad. Carmen Ortiz ha vuelto a insistir en que el apoyo público al sector lácteo debía centrarse en medidas estructurales que tengan que ver con una mejora de las explotaciones y de organización del sector para fortalecer su posición en los mercados y defender unos precios justos y razonables.