El objetivo es promover un salto cualitativo del sector de la agricultura intensiva hacia una economía circular que reutiliza los subproductos en el propio cultivo o en ámbitos como el industrial o el ganadero.

Las políticas diseñadas en esta materia facilitarán recursos del Programa de Desarrollo Rural y del marco de fondos europeos 2014-2020 con líneas de apoyo financiero y técnico para pasar del actual sistema de pocas y grandes instalaciones de tratamiento a otro basado en una red de plantas intermedias y puntos de recogida, con gestión independiente y facilidad para el transporte. Entre otras medidas, se respaldará a los agricultores para la adquisición de equipamiento de triturado y autocompostaje en las propias explotaciones; la sustitución de la rafia plástica de los invernaderos por material biodegradable, y la reutilización de los restos para incorporar materia orgánica al sue-lo.

Las actuaciones, en colaboración con productores y gestores, también incluyen la agilización de trámites administrativos, la elaboración de una norma técnica reguladora del sistema de reutilización y el impulso a las actividades de investigación, formación, divulgación y transferencia de resultados. Se plantea así una solución integral basada en la colaboración público-privada que da una respuesta económica, ambiental y social a la gestión de los restos vegetales, poniendo a disposición de los agricultores y entidades gestoras una serie de ayudas para todo el proceso, desde la generación del residuo hasta su acopio, transporte y aprovechamiento.

La producción hortícola en invernadero implica el levanta-miento de todo el cultivo al final de la campaña, con la consiguiente generación de restos vegetales. Este material se compone básicamente de tallos, hojas, frutos que no se comercializan por razones de mercado y plantas completas que son arrancadas al terminar el ciclo. El 70% se produce durante los meses de mayo y junio, con el fin de la cosecha de primavera, y en febrero al terminar la de otoño-invierno.

La actividad se concentra en Almería, con casi 30.000 hectáreas repartidas entre las comarcas del Campo de Dalías, Níjar, Bajo Anda-rax y Bajo Almanzora, y Granada, con unas 3.200 hectáreas entre la costa, las Alpujarras y Alhama. En estas dos provincias se sitúan las ocho grandes plantas de tratamiento que funcionan actualmente en Andalucía, todas ellas de gestión privada. Otras zonas destacadas son la Costa Noroeste de Cádiz, con 980 hectáreas; Vélez-Málaga (854), y la vega y la campiña sevillanas (471).

Bioeconomía
Las medidas presentadas en el Consejo de Gobierno se enmarcan en la Estrategia Andaluza de Bioeconomía, destinada a impulsar el aprovechamiento integral de restos y recursos de los sectores agroali-mentario, pesquero y forestal, cuya tramitación se inició el pasado mes de julio.

Andalucía ocupa actualmente el primer lugar nacional en bio-combustibles y biomasa térmica, que toman como materias primas los restos vegetales y subproductos de la actividad agraria, especialmente del olivar. En el primer ámbito la región cuenta con 11 plantas ope-rativas, siete de ellas de biodiésel, mientras que en el segundo la po-tencia térmica instalada alcanza los 1.589,5 megawatios. A ello se suman 18 plantas de biomasa vinculadas a residuos agrícolas de in-vernaderos o viñedos y las 17 instalaciones de biogás ubicadas en vertederos y depuradoras de aguas residuales.

Asimismo, la comunidad ha sido una de las seis regiones selec-cionadas este año por la Comisión Europea para mostrar la vía de es-te tipo de actividad productiva, que a escala continental ya genera un negocio anual de 2.000 millones de euros y el 9% del empleo total de la Unión. Sólo en el ámbito del aprovechamiento energético, Andalucía cuenta con un potencial total de 3.958 kilotoneladas equivalentes de petróleo anuales (el consumo de más de 800.000 personas en un año).

De acuerdo con datos de la Comisión Europea, por cada euro in-vertido en investigación e innovación en bioeconomía se generarán 10 de valor añadido en el horizonte del año 2025. El ahorro de costes de gestión de residuos alimentarios se cifra en 55-90 euros por tonelada, mientras que su adecuado aprovechamiento evita la emisión de 170 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.