El Ejecutivo autonómico ha acordado iniciar los trámites del anteproyecto de ley que hará posible esta medida de flexibilización, orientada a facilitar el desarrollo de un sector estratégico del que Andalucía es actualmente líder nacional (3.990 entidades y más de 50.000 trabajadores). El cambio normativo incluirá también mejoras en el régimen sancionador y otros ajustes de carácter técnico.

La reducción del número de socios, acordada con el sector, eli-minará una dificultad a la creación de nuevas empresas sin alterar los principios ni la forma jurídica del cooperativismo y sin impedir las futuras ampliaciones de la base social mediante adhesiones vo-luntarias y abiertas.

Junto con esta flexibilización, la ley también incorporará el régimen sancionador que actualmente aparece en su reglamento de 2014 en la parte referida a las cooperativas con sección de crédito. Se eleva así el rango normativo de esta regulación específica, por ser más estricta que la relativa al régimen general.

La actual Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que susti-tuyó a la de 1999, ya introdujo numerosas medidas de agilización de los trámites administrativos para crear sociedades, incorporar socios, crear puestos de trabajo, mejorar la flexibilidad interna y permitir una mayor libertad en la distribución de los beneficios. Asimismo, fomentó el perfil inversor de las sociedades, permitió la creación de grupos empresariales cooperativos y aumentó las posibilidades de con-tratar por cuenta ajena.