La nueva regulación, que da respuesta a una de las principales demandas del sector agrario andaluz, establece las obligaciones de los vendedores y las garantías de seguridad y calidad alimentaria, ofre-ciendo cobertura legal a los productores y recolectores (en el caso de explotaciones forestales) que quieren vender de forma directa. Se defi-nen tanto las cantidades máximas anuales permitidas como las clases de alimentos, con una especial presencia de la producción ecológica (8.000 operadores y 200.000 hectáreas para los 22 recogidos).

El texto considera venta directa aquella que se realiza en la propia explotación; en mercado por la persona productora o por quien designe de forma expresa, y en establecimientos minoristas sin inter-mediación (restaurantes, comedores e instalaciones de turismo rural, entre otros).

Los titulares de las explotaciones agrarias y los recolectores debe-rán llevar un sistema de registro en el que se detalle el producto y la cantidad, la fecha y lugar de la operación, así como nombre, dirección y titular del establecimiento en el caso de que se haya vendido a un minorista. Estarán también obligados a entregar con el producto un documento acreditativo de la venta; cumplir la normativa vigente sobre presentación y etiquetado, y aplicar los sistemas de autocontrol y buenas prácticas de higiene marcados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

El decreto establece la creación del Sistema de Información de Venta Directa de Productos Primarios en Andalucía (SIVDA). Esta he-rramienta recogerá datos de los productores y recolectores, que obliga-toriamente tendrán que comunicar su intención de hacer venta directa, con el fin de conocer su ubicación y el tipo de producción que van a comercializar.

Por último, la nueva regulación determina que el incumpli-miento de sus obligaciones y condiciones se sancionará de acuerdo con las distintas normativas aplicables en materias de calidad, consumo, regulación forestal y sanidad e higiene.