De acuerdo con las cuentas realizadas por su departamento, y una vez cerrado el primer ejercicio de aplicación del nuevo marco, la pérdida anual asciende a 94,6 millones en ayudas directas, con un total previsto de 605,1 millones para 2014-2020.

A esta cantidad se suman los 286 millones en fondos de desarrollo rural que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente recortó a Andalucía, única de las 17 comunidades autónomas a la que se le redujo este presupuesto (211 millones de fondos europeos y 75 de la cofinanciación estatal).

En el caso de las ayudas directas, los agricultores y ganaderos andaluces sufrirán un recorte que el Ejecutivo central siempre negó, pese a las advertencias de la Junta. El ex ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, calificó en su momento de "disparatadas" las es-timaciones iniciales de la Administración autonómica y llegó a ga-rantizar que el sector agrario andaluz perdería como mucho el 0,67% en ayudas directas (60 millones de euros), cuando la realidad es que va a perder un 6,16% (605,1 millones).

La rebaja en el capítulo de pagos directos se debe a dos medidas del Gobierno de España, que no venían impuestas por Bruselas. La primera de ellas consiste en aplicar un recorte del 8,64% en todos los derechos de pago único, lineal en lugar de progresivo, como defendía la Junta. Esto representa una pérdida total de 37,4 millones anuales, lo que suma 261,9 para todo el periodo 2014-2020. También supone el mismo porcentaje de recorte para todos, en lugar de reducir más a los que más cobran y exonerar a los que menos. La rebaja afecta ade-más, por primera vez en la historia de la PAC, a los beneficiarios de menos de 5.000 euros, que en el caso de Andalucía suman más del 80% del total, unos 208.000 agricultores. Para ellos, la disminución se cifra en un 16% respecto a los importes recibidos durante el ante-rior marco de apoyo.

La segunda de las medidas ha sido la puesta en marcha en 2015 de un nuevo modelo de ayudas directas que incrementa el pre-supuesto de las denominadas "asociadas" (aquellas que permiten mantener la producción en cultivos con especiales dificultades) pero excluye a sectores andaluces de gran importancia social y económica en riesgo de abandono, como el olivar en pendiente (más de 400.000 hectáreas, el 76% del total nacional), el trigo duro (220.000 hectá-reas, 60%) o la uva pasa. La reducción del montante del pago básico para incrementar el de estas ayudas asociadas ha ascendido a 57,2 millones de euros, lo que supondrá una pérdida total de 343,2 mi-llones hasta 2020.

Respecto a los cultivos que sí se incluyen, el diseño de las ayu-das se ha hecho a medida del tipo de producción de otras comunida-des, sin tener en cuenta las necesidades específicas de explotaciones andaluzas como la remolacha o el caprino de leche.

Por provincias, todas se ven afectadas respecto al anterior perio-do 2007-2013, aunque son Jaén y Córdoba las que sufren mayores recortes en las ayudas directas, con 272,1 y 103,7 millones de euros, respectivamente. Estas dos provincias presentan una elevada propor-ción de pequeños agricultores (que reciben menos de 5.000 euros), además de una fuerte implantación de sectores que han sido excluidos de las ayudas asociadas, como el olivar en pendiente. Les siguen Granada, con una pérdida de 97 millones para el nuevo periodo; Málaga, con 48 millones; Sevilla (45,8); Almería (13,7); Cádiz (13,4), y Huelva (11).