En total, estas comunicaciones proceden de más de 50 agentes, entre personas físicas y jurídicas. Destacan especialmente las propuestas enviadas por ciudadanos a título personal (123), seguidas de las remitidas por las organizaciones profesionales agrarias (100). La Consejería ha recibido también comentarios al Anteproyecto procedentes de otras Consejerías (81), sindicatos (71), así como de otras entidades que representan a productores agrarios (69) y de asociaciones empresariales (68). El proceso de elaboración de esta normativa ha contado también con la participación de agentes del sector ambiental, colegios profesionales, asociaciones de consumidores, consejos reguladores de denominaciones de calidad, organizaciones de regantes y administraciones locales.

Entre las temáticas que centran el mayor número de propuestas, destaca en primer lugar el Título II del Anteproyecto, relativo a los agentes del sector, y, especialmente, los derechos y deberes de los agricultores y empresarios agroindustriales, los agentes clave del sector y cuestiones relativas a la interlocución con la Administración. Entre otros asuntos, también se han recibido aportaciones relativas a los fines de la Ley, las definiciones de términos utilizados en la misma (persona agricultora, explotación agraria y cadena alimentaria, entre otros), los deberes de los operadores, la declaración de Zonas de Protección Agraria y sus eventuales Planes de Ordenación y Protección, así como comunicaciones centradas en la comercialización y la cadena alimentaria que se abordan en el Título X.

Tras este nuevo avance, el proceso de elaboración y aprobación de la futura Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía continúa su curso. Actualmente, la Consejería analiza las propuestas del sector agrario y los ciudadanos andaluces para incorporar al documento aquellas aportaciones que mejoran la redacción y el objetivo del texto normativo. La nueva versión del texto se enviará a distintos organismos de la Administración regional, que también realizarán sus propuestas al respecto. Finalmente, el Consejo de Gobierno valorará el texto que, una vez aprobado, se remitirá al Parlamento andaluz para su estudio.