Durante la mañana de este miércoles, más de medio centenar de agricultores se han concentrado en el pozo Carcao, en la rambla Carcao (Venta del Viso) con el fin de exigir a la Junta de Andalucía que legalice, de una vez por todas, la situación en la que se encuentra, a día de hoy, parte de los pozos del Poniente almeriense. 

Desde la Plataforma para la defensa de aguas privadas, su presidente Juan Manuel Rodríguez, explica que fueron muchos "los asociados que recurrieron ante la Administración andaluza la inscripción en el catálogo de aguas privadas, ya que no estábamos de acuerdo con las características que se habían inscrito en el acta de confrontación. Después de un tiempo, la sentencia del juez, tanto en primera instancia en Almería, como en segunda instancia en el Tribunal Superior de Andalucía, en Granada, nos dio la razón, con lo cual la Administración tiene que volver a hacer el acta de confrontación". Sin embargo, esta sentencia, que se logró en 2015 y fue favorable para un total de 15 pozos, no se acató durante los diez días siguientes, como bien se había indicado, por lo que "pasado el tiempo y viendo que la Junta, de motu propio, no hacía ese acta de confrontación, se mandó un escrito a Sevilla pidiendo que se ejecutaran las sentencias. Hoy estamos aquí porque ya se han empezado a hacer visitas y las actas de confrontación anteriormente nombradas", indica Rodríguez.

Las actas de confrontación consisten en visitar, físicamente, el pozo y comprobar las características que tiene, es decir, las coordenadas, caudal que arroja, profundidad que tiene, potencia del motor, etc., así como también comprobar el perímetro de riego y las hectáreas que riega.

Durante la mañana de este miércoles, la Junta ha visitado el primero de los sondeos, el ubicado en la rambla Carcao, para hacer el acta, "pero como en la citación no se especificó en qué consistía ese acta y qué querían hacer hoy, la visita ha sido infructuosa porque estamos en un tramo horario en el que  el pozo no se puede poner en funcionamiento para ver los caudales. Por ello, se queda pospuesta la visita para volver a realizarla en un tramo horario en el que el pozo se pueda poner en funcionamiento",explica el presidente de la Plataforma para la defensa de aguas privadas.

El siguiente paso puede llegar de dos maneras. Por un lado, Juan Manuel Rodríguez explica que puede pasar que "nos inscriban en el Catálogo de aguas privadas y nos reconozcan la privacidad de ese caudal, o, por otro lado, podría pasar que nos lo denieguen, lo que supondría un grave problema para los agricultores que riegan con este sondeo, además, de que entraría en trámite administrativo, en el que se solicitaría la concesión de agua pública y, tal y como está la situación del acuífero, la desaladora y las aguas residuales de los municipios, sería un trabajo largo y laborioso que nos dieran esa concesión".

Otro de los problemas que se podrían dar en el caso de que la concesión fuese pública es que, aunque el funcionamiento sería el mismo, "habría que hacer un aporte de agua desalada para contribuir a la recuperación del acuífero, se haría un aporte de agua depurada, pero no hay instalaciones actualmente en la comunidad para ello, con lo cual sería un problema para los agricultores, ya que habría que hacer unas infraestructuras con las que no se cuenta hoy en día", argumenta Rodríguez.

En el caso de que la concesión, finalmente, sea privada, Rodríguez indica que "habría que ver si estamos de acuerdo con lo que nos reconocen y si es así, tendríamos el derecho de ese agua y solo quedaría seguir trabajando. A día de hoy,  la situación se ha agravado con el tema de los certificados para los fondos operativos, a los que no podemos acceder debido a que esta comunidad no puede reconocer el derecho de agua de sus regantes por no tener su legalidad".

Sin duda, la actualidad es bastante complicada, pero en el Poniente almeriense, "la situación ilegal de los sondeos llega a rozar el 50 por ciento, por lo que la cosa se está poniendo bastante grave. Lo que pasa es que si esas comunidades que no tienen reconocido este derecho no se han decidido a meterse en los tribunales a que les reconozcan su derecho, se encuentran en el limbo y están funcionando de manera ilegal y, con la ley en la mano, desde la Administración pueden clausurar esos sondeos. Es más, con algunos ya se han producido sanciones de más de 300.000 euros por esa ilegalidad", concluye Juan Manuel Rodríguez.  

E. S. G.