El consejero Rodrigo Sánchez Haro subraya que las prácticas comerciales desleales pueden producirse en todas las etapas de la cadena de suministro, redundando negativamente en el eslabón más débil de la cadena. Por esta razón, es preciso trabajar en el equilibrio de todos los agentes que participan en este proceso, que deben percibir una compensación justa por su trabajo y esfuerzo.

La Junta responde así a la petición de valoración que la Comisión Europea ha realizado a los Estados miembros para la mejora de la cadena agroalimentaria. Junto a esto, las sugerencias que Andalucía traslada a la Unión Europea se refieren también a la cooperación entre productores, solicitando por parte de la Comisión un planteamiento más ambicioso respecto de determinados sectores, especialmente en los productos más perecederos, sobre todo frutas y hortalizas.

La Consejería de Agricultura ha trasladado asimismo a la Comisión la necesidad de que se proceda a la creación de un Observatorio de Precios a escala de la Unión Europea que pueda establecer referencias de precios, lo que debe repercutir en un mejor funcionamiento de la cadena agroalimentaria. La Junta considera que se hace necesario conocer los precios de venta de los productos no sólo en la fase primaria, sino también en otras etapas de la cadena de suministro, considerando referencias de costes también en eslabones intermedios.

Estas sugerencias han sido trasladadas recientemente a la Comisión y se realizan en el marco de la consulta que en su día solicitó ésta sobre la valoración y mejora de la cadena agroalimentaria, a partir de los problemas detectados por la existencia de desequilibrios económicos en las relaciones comerciales entre los distintos operadores que intervienen y en las diferencias en cuanto al poder de negociación. En este sentido, se parte de la consideración de que la cadena agroalimentaria es un ámbito de competencia compartida entre la Unión Europea (UE) y los Estados miembros. En el ámbito concreto de la intervención en esta cadena, la UE debe ejercer esta competencia desarrollando medidas legislativas en la medida que sean necesarias conforme al principio de subsidiariedad.