Los incentivos respaldarán fundamentalmente proyectos de mejora energética, modernización de instalaciones y ahorro de agua promovidos por comunidades de regantes, así como inversiones de puesta en riego en zonas declaradas de interés general para la comunidad autónoma. Antes de final de año se convocarán también las ayudas correspondientes a auditorías energéticas (3,8 millones de euros) y a partir de 2018 se irá completando el programa de apoyo hasta los 96,14 millones presupuestados.

Del total de subvenciones que se convocarán, 28 millones de euros se destinan a proyectos de mejora de regadíos; 20 millones a obras de modernización y creación de regadíos en zonas de interés general; 9,4 a inversiones de autoproducción y autoconsumo eléctrico para disminuir la dependencia energética, y 5,02 a mejora de instalaciones como centros de transformación, motores o equipos de bombeo.

Estas cantidades incluyen tanto los 51,83 millones de la convocatoria general para Andalucía, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR, como los 10,59 que contarán con apoyo de la Iniciativa Territorial Integrada de Cádiz, impulsada por la Comisión Europea para fomentar la competitividad del tejido productivo en esta provincia.

En el caso de Cádiz, los incentivos se desglosan en 4,39 millones para autoproducción energética, 4 millones para modernización y 2,19 para mejora de instalaciones. En el capítulo de obras en zonas de interés general no hay financiación específica, si bien los regantes gaditanos podrán acogerse a la convocatoria de ámbito autonómico.

De acuerdo con las bases reguladoras de las convocatorias, que fueron publicadas el pasado 31 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todas las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y con una consideración especial para los proyectos promovidos por mujeres y personas en situación de desventaja social o riesgo de exclusión.

Las nuevas ayudas al regadío andaluz previstas hasta 2020, incluyendo las que quedan por convocar, permitirán respaldar unas inversiones totales de 160 millones de euros y asegurar así la viabilidad y rentabilidad de entre 20.000 y 30.000 hectáreas. Dependiendo de la modalidad, los incentivos cubren entre el 60% y el 80% del coste de los proyectos.

Sobrecostes energéticos
En comparación con anteriores convocatorias, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha destacado la prioridad que las nuevas ayudas prestan al ámbito energético. En este sentido, Rodrigo Sánchez Haro ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que modifique la Ley del Sector Eléctrico vigente desde 2013 con el fin de reducir los elevados costes energéticos que actualmente soporta el regadío andaluz. Este sector clave en el liderazgo agroindustrial de la comunidad, que ha realizado cuantiosas inversiones de modernización dirigidas precisamente al ahorro de agua y energía, se está viendo afectado por un incremento de entre el 20% y el 30% en su factura eléctrica como consecuencia de los cambios normativos realizados en el ámbito estatal.

A juicio de la Junta, la Ley del Sector Eléctrico debe ser modificada para ofrecer una alternativa de reducción de costes a partir del autoabastecimiento eléctrico y de la flexibilización de las condiciones de suministro en actividades económicas de consumo intensivo y con estacionalidad. Esta norma supuso un incremento de las tarifas de acceso a la energía eléctrica, que se centró en la parte fija vinculada a la potencia contratada (independientemente del consumo de cada usuario). Las subidas ni siquiera pueden ser compensadas con la opción del autoconsumo, ya que la nueva regulación también introduce un nuevo peaje que la dificulta.

Rodrigo Sánchez Haro ha señalado que el nuevo marco regulador estatal está poniendo en riesgo la competitividad de muchas zonas regables modernizadas o en proceso de modernización, además de desincentivar los planes de mejora que actualmente se desarrollan. Asimismo, propone la modificación de la normativa reguladora del IVA, para aplicar un tipo reducido del 10% a la factura eléctrica de las comunidades de regantes.

El regadío suma en Andalucía 1,17 millones de hectáreas (una cuarta parte del total nacional), lo que supone el 32,3% de la superficie cultivada en la comunidad. Sus cultivos generan el 63% del empleo agrario (más de 192.000 personas) y aportan el 64% de la Producción Final Agraria. Las zonas regables han duplicado su superficie durante las dos últimas décadas, en un proceso que ha tenido especial significación en las zonas más dinámicas y de mayor potencial exportador de la agricultura andaluza, como los invernaderos de Almería, los cultivos de fresa y cítrico de Huelva y el olivar jiennense.

En este periodo, la Administración autonómica y las comunidades de regantes han desarrollado proyectos de ahorro de agua y energía en más de medio millón de hectáreas, con unas inversiones público-privadas superiores a los 1.657 millones de euros. Los proyectos de modernización desarrollados han permitido sustituir casi la mitad de todo el riego en superficie de la comunidad autónoma por sistemas de aspersión y localizados, más eficientes en el uso del agua. Como consecuencia, los regantes andaluces utilizan ahora un 25% menos de agua y pueden atender un 36% más de superficie.