Entre las mismas, figura la posibilidad de bonificar los intereses de los préstamos de liquidez que tengan concedidos agricultores y ganaderos con ayudas de mínimis (aquellas que la Comisión Europea considera compatibles con el Mercado Único, ya que sus efectos sobre la competencia son limitados debido a su reducida cuantía).

Sánchez Haro ha explicado que actualmente no se ha declarado la situación de sequía, pero ha admitido que la región se encuentra "en una situación preocupante" tras tres años secos, "y por ello venimos realizando un seguimiento continuo en las diferentes provincias andaluzas". Otras iniciativas recogidas en este plan de contingencia son ayudas directas a la adquisición de equipos de almacenamiento, transporte y tratamiento de agua en explotaciones ganaderas, así como prórrogas extraordinarias en ayudas del Programa de Desarrollo Rural (jóvenes, modernización de explotaciones...). Asimismo, se prevé hacer excepciones al cumplimiento de obligaciones, penalizaciones y criterios de admisibilidad en las ayudas de la PAC y Feader.

El consejero ha explicado a los representantes de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía que actualmente los embalses andaluces se encuentran al 37% de su capacidad, mientras que la media en estas fechas del año suele ser del 54%. Además, a esta circunstancia se suma que la precipitación acumulada ronda un 15% menos que los datos usuales en estos meses y que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un otoño más cálido de lo normal.

Las actuaciones a poner en marcha en caso de detectarse situaciones de sequía competen a diversos organismos. En concreto, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trabaja su posible declaración en las cuencas del Mediterráneo, ya que sobre la cuenca del Guadalquivir debería pronunciarse la Confederación Hidrográfica o el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La Consejería de Agricultura sí tiene competencias para actuar en el ámbito agrario, ante una situación de sequía agronómica.

Rodrigo Sánchez ha detallado que también se plantean actuaciones relativas a infraestructuras de regadíos, entre las que destacan las ayudas para modernización y eficiencia energética que son ya una realidad y el refuerzo del sistema de seguros agrarios, por ejemplo, con un futuro aumento de las subvenciones para su contratación. También se solicitará al Gobierno central que ponga en marcha medidas de competencia estatal, como la reducción de peajes en autoconsumo eléctrico o la aplicación de un IVA reducido en regadío. Igualmente, se reclamará la reducción del número de peonadas para el acceso de los trabajadores a los sistemas de protección por desempleo, entre otras iniciativas.

Para el desarrollo de éstas y las demás actuaciones que se estudian, Sánchez Haro ha solicitado la colaboración de las Organizaciones Profesionales Agrarias de Andalucía y espera contar también con la cooperación de la Administración central y la Unión Europea, ya que ambas instituciones estarían implicadas en la puesta en macha de algunas de las medidas que podrían ser de ayuda para los productores afectados por la falta de agua.