Si, finalmente, los invernaderos caen, las pérdidas en la zona van a ser cuantiosas y, de hecho, según los cálculos de la Plataforma en Defensa del Litoral de La Rábita y El Pozuelo, se perderán alrededor de 250 puestos de trabajo y unos 5 millones de euros anuales. A ello hay que añadir la pérdida del 15% de los jornales generados desde la preparación de los invernaderos hasta la recolección, además de otros 6.000 jornales adicionales.

La riada de 1973
Para encontrar el origen de esta situación hay que remontarse, nada más y nada menos, que al año 1973, cuando Albuñol sufrió unas dramáticas inundaciones que recuperaron al mar una considerable superficie que el gobierno de la época permitió cultivar sin problemas hasta el año 2000. Durante todo este tiempo, los productores se ocuparon de este suelo y, poco a poco, fueron sumando terreno hasta acercarse al mar.

Fue en ese año 2000 cuando Costas hizo un nuevo deslinde y fijó el límite de dominio público marítimo terrestre en la línea de costa de 1973, justo antes de las inundaciones. De este modo, se inició un expediente de recuperación de esos terrenos ya cultivados por ese centenar de agricultores.

En 2003, los primeros productores comenzaron a recibir en sus casas la correspondiente notificación para que desmontasen sus invernaderos, algo que la mayor parte de ellos no cumplieron; a partir de ahí, se inició un arduo proceso judicial que concluyó en noviembre de 2016 con un sentencia desfavorable a los productores.

"Lo hemos intentanto todo", afirmó Miguel Monferrer, quien explicó que, por ejemplo, los agricultores había propuesto hacer un nuevo deslinde que, por un lado, les permitiese seguir adelante con sus explotaciones y, por otro, garantizase la ejecución de un proyecto integral para evitar la erosión de la línea de costa. Esta vía intermedia fue desestimada, así que, cuanto menos, la organización agraria, y tras duras negociaciones con Costas, consiguió que los agricultores pudiesen terminar su campaña agrícola, la 2016/2017, con la condición de "desmontar los invernaderos a finales de agosto de 2017".

La nueva campaña
Hay agricultores que, ya el pasado lunes, iniciaron el desmantelamiento de sus explotaciones, si bien otros aún se resisten a abandonarlas y, de hecho, han vuelto a cultivar. Por lo pronto, Costas aún no ha ejecutado la sentencia, pero, según Monferrer, "es cuestión de tiempo", y no mucho, que esto ocurra.

Una vez se ejecute la sentencia y se desmonten esas 30 hectáreas de invernaderos, el lugar se convertirá en una "playa seca", a la espera de que se licite, se redacte y, finalmente, se ejecute un proyecto para la recuperación de la línea de costa.

Isabel Fernández