Y es que el Proyecto de Presupuestos pone de manifiesto la extraordinaria dependencia que la política agraria de Andalucía tiene respecto a los fondos procedentes de la Política Agrícola Común, de ahí la importancia tanto del diseño de esta política como de una adecuada distribución de sus fondos. La última reforma de la PAC para el periodo 2014-2020 ha supuesto para los agricultores y ganaderos andaluces la pérdida de unos 900 millones de euros (entre ayudas directas y en desarrollo rural) a favor de territorios de otras comunidades autónomas.

El secretario general de COAG Andalucía también se ha referido en su comparecencia a los acuerdos del trílogo (Consejo, Parlamento Europeo y Comisión) respecto al Reglamento Ómnibus, que introducen novedades que pueden tener gran trascendencia para Andalucía, como la posibilidad de revisar anualmente el diseño de ayudas asociadas. Miguel López también ha valorado las posibilidades que abre la próxima reforma de la PAC. Si se confirma el cambio hacia una mayor renacionalización que aparece en el último documento de trabajo que se ha conocido, cada estado podrá proponer un programa nacional respetando los principios y líneas estratégicas aprobadas por la UE. En ese sentido, Andalucía debe estar preparada y tener una posición clara para que nuestro sector agrario vea recogidas sus necesidades y no vuelva a ser discriminado.

COAG Andalucía también ha planteado que la sequía aparece insuficientemente reflejada en los Presupuestos para 2018, que solo contemplan una partida de 2M€. "Nosotros consideramos imprescindible que se articulen líneas de financiación para los profesionales que les permitan atender el incremento de costes y la reducción de ingresos motivados por esta situación", ha declarado Miguel López. COAG Andalucía ha pedido que se ponga en marcha con carácter urgente una línea específica de financiación a interés cero para dar liquidez a las explotaciones que atraviesan una situación más que delicada como consecuencia de la sequía: por ejemplo, productores de secano como los de herbáceos vieron reducida su cosecha en torno al 40% y en aceituna de mesa se quedó en el árbol en torno al 50% de la producción. A esto se suman los malos pronósticos para la campaña de olivar, con un aforo de la Consejería que estima que la cosecha se reducirá un 16% en Andalucía (hasta el 28,5% en Jaén). Y no podemos olvidar a los ganaderos, que acusan el déficit hídrico y la ausencia de pastos, con el consiguiente incremento de costes y la mayor incidencia de problemas de manejo y de tipo sanitario.

Por todo ello, es necesario que los Presupuestos de la Comunidad recojan una partida para financiar esa línea de apoyo para los profesionales que viven de la actividad agraria, al margen de otras medidas que se puedan incorporar, tales como la exención del IBI, la reducción de módulos fiscales o la moratoria de cuotas de la seguridad social.

Por último, el secretario general de COAG Andalucía ha criticado el retraso en la tramitación de los expedientes administrativos de cuya resolución depende la viabilidad de la actividad emprendida por jóvenes agricultores o por aquellos profesionales que han emprendido un proceso de modernización: sólo se ha resuelto la convocatoria de 2015 de las ayudas para primera instalación, estando pendiente de resolución la convocatoria de 2016 tanto de jóvenes agricultores como de modernización. En este sentido, sólo se han pagado 29M€ de los 284 presupuestados.

Miguel López ha valorado que los presupuestos incorporen una partida específica para personal que debe facilitar los medios humanos necesarios para eliminar este retraso, aunque sigue siendo necesario "un esfuerzo por simplificar los procedimientos", ha concluido. López ha recordado una vez más el carácter estratégico de la actividad agraria, ya que los agricultores y ganaderos producen alimentos para la población, contribuyendo a garantizar el abastecimiento, al tiempo que hacen posible la distribución de la población en el territorio, manteniendo el paisaje, la cultura y muchos otros bienes públicos. Por todas estas razones, es fundamental asegurar el mantenimiento de la actividad agraria en torno a un modelo de agricultura social que pivota sobre el profesional agrario.