Así lo ha expuesto durante su intervención en comisión parlamentaria, donde ha destacado que los 66,2 millones ya convocados este año en el marco de unos incentivos que se encuadran dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 generarán una inversión público-privada de más de 100 millones de euros y contribuirán a la creación de más de 1.000 empleos directos y 600 indirectos, tanto en ejecución de obras como en instalación de mejoras tecnológicas.

Sánchez Haro ha apuntado que el objetivo es culminar un proceso de modernización que, cifrado en una inyección público-privada de más de 1.000 millones de euros entre 2007 y 2015, sitúa a Andalucía como líder en el uso eficiente y sostenible del agua y que ha tenido un "decisivo impacto" en forma de incremento de la productividad y el empleo. No en vano, como ha señalado, la implantación de los sistemas de riego localizado abarca al 74% de la superficie (muy por encima de la media nacional, que es del 49%) y en las zonas altamente modernizadas de cultivos intensivos la producción ha crecido en un 33% y la capacidad empleadora en un 28%.

Las actuaciones se han concretado en una inversión de 400 millones de euros en las redes en alta (redes e instalaciones de transporte de agua) y otra de 547 millones orientados a la modernización de las redes de distribución (desde los elementos de regulación hasta las parcelas) que han beneficiado a más de 186.000 hectáreas, así como en otros 60 millones de euros destinados a los sistemas de riego en parcela que han modernizado otras 94.000 hectáreas de regadío. No obstante, "hay margen de mejora", ha apostillado el consejero, quien ha anunciado que se actuará sobre otras 100.000 hectáreas con la mirada puesta en desafíos como la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, la incorporación de energías renovables, el uso racional de los recursos, la innovación, el relevo generacional y la defensa de sectores estratégicos como los del olivar o el de las frutas y hortalizas.

Estos retos constituyen, bajo las palabras del titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en la Cámara, la base para un nuevo marco de apoyo con unos incentivos que, en su mayoría, ya están en marcha. De hecho, Sánchez Haro ha explicado que el departamento que dirige ya ha puesto a disposición de las comunidades generales, las juntas centrales y las comunidades de regantes un presupuesto de 48 millones de euros para el ejercicio 2017 destinados a proyectos de modernización de regadíos. De ellos, 28 son para la mejora de los ya existentes a través de proyectos de consolidación y de mejora de infraestructuras colectivas de riego; y los 20 restantes, para la puesta en riego de nuevas zonas, "siempre que estén declaradas de interés general", ha matizado.

Junto a ello, se ha incluido otro paquete de ayudas con hasta tres líneas enfocadas a la reducción de la dependencia energética del regadío. La primera está dirigida a la implantación o mejora de infraestructuras de autoproducción energética con una convocatoria para 2017 de 9,4 millones de euros, mientras que la mejora de las instalaciones mediante la introducción de mejoras tecnológicas en equipos de bombeo e instalaciones eléctricas absorbe este año una dotación de cinco millones de euros. De igual modo, el 19 de octubre se publicó una tercera medida para la realización de auditorías energéticas con una partida de 3,8 millones.