Tal y como publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), las ayudas ascienden al 80% de los gastos derivados de la incorporación por primera vez a un régimen de calidad diferenciada de los productos agroalimentarios, se extienden durante un período de cinco años y pueden ascender a un máximo de 3.000 euros anuales por explotación.

En concreto se apoyarán los gastos ocasionados por la primera inscripción en un régimen de calidad diferenciada como son la Denominación de Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP), la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), la producción integrada y ecológica o la marca ‘Calidad Certificada'. Asimismo, los incentivos cubren también los costes de la contribución anual por participar en ese régimen y los gastos de control, incluidos análisis de laboratorios acreditados, para verificar el cumplimiento del programa de calidad correspondiente por parte del organismo de control.

A estos incentivos pueden acceder tanto los agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias ubicadas en Andalucía como las asociaciones que los representan que participen por primera vez en regímenes de calidad establecidos actualmente o que se puedan establecer durante el período 2014-2020. El plazo para que los interesados presenten a la Junta de Andalucía las correspondientes solicitudes es de dos meses a partir de mañana, 16 de noviembre, por lo que concluye el 15 de enero de 2018.

El consejero Rodrigo Sánchez Haro ha explicado que esta medida, que gestiona Agricultura y que se enmarca en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, tiene como objetivo directo compensar los costes adicionales que conlleva la adhesión a un régimen de calidad. El representante del Gobierno andaluz ha comentado que se trata de gastos que no están completamente remunerados por el mercado, especialmente en el momento de la integración en alguna de estas figuras de calidad y en los primeros años de participación.

"Si bien es cierto que el sector agroalimentario andaluz cuenta con producciones de altísima calidad, aún debe avanzar en medidas que permitan una mayor retención del valor añadido", ha resaltado Sánchez Haro. El consejero ha puesto en valor que estos incentivos contribuyen también a "lograr un mayor equilibrio en la cadena agroalimentaria y a luchar contra la atomización del sector agroalimentario".

Además, a través de sus bases reguladoras se incide en la búsqueda de la igualdad de género en este ámbito, ya que incorporan medidas destinadas a compensar, equilibrar y no perpetuar las desigualdades entre mujeres y hombres. En concreto, en el proceso de valoración de las solicitudes se priorizará a las mujeres y a las agrupaciones que cuenten al menos con un mínimo del 51% de mujeres en su órgano de gobierno.