La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el decreto que regula los requisitos y el procedimiento para que cooperativas y otras sociedades puedan ser reconocidas como Entidades Asociativas Prioritarias Agroalimentarias de Andalucía (EAPA). Con ello, tras su reciente aprobación por parte del Consejo de Gobierno (el pasado 21 de noviembre), las organizaciones que sean catalogadas como tal, así como sus socios, tendrán preferencia en las convocatorias de determinadas ayudas en concurrencia competitiva, entre las que se encuentran, por ejemplo, los incentivos dirigidos a proyectos de fusión e integración, modernización de explotaciones, incorporación de jóvenes a la actividad agraria o a la primera participación en regímenes de calidad y promoción de productos de calidad diferenciada. En algunos casos permite, incluso, obtener un mayor porcentaje de subvención.

El objetivo de la norma, según ha aseverado el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, es favorecer el aumento de la dimensión empresarial de este este tipo de entidades de economía social en Andalucía, donde el tejido agroalimentario cuenta con más de 2.700 sociedades, de las que algo más de 700 son cooperativas. De este modo, se refuerza la posición de negociación y el potencial exportador y se incrementa la competitividad, el valor añadido y la capacidad de inversión en innovación. En concreto, sobre la base de la nueva regulación, pueden optar al reconocimiento como EAPA las sociedades cooperativas, las cooperativas de segundo grado (formadas por dos o más), los grupos cooperativos, las sociedades agrarias de transformación, las organizaciones de productores y otras entidades civiles o mercantiles siempre que más del 50% de su capital social pertenezca a alguno de los citados tipos de sociedades.

El decreto apunta, en cuanto a los requisitos, que las organizaciones aspirantes a EAPA deben tener más del 90% de la actividad económica en la comunidad autónoma, llevar a cabo una comercialización conjunta de la totalidad de la producción de las entidades que la integren y de sus productores y contar con estatutos o disposiciones que eviten la posición de dominio de una o varias personas miembro. Además, tendrán que cumplir al menos una de las siguientes condiciones: llegar a un mínimo de volumen de producción comercializada al año (general de la entidad o para un producto en concreto), haber experimentado un crecimiento acumulado del valor de producción comercializada de al menos el 20% en los tres últimos ejercicios cerrados previos a la solicitud o ser el resultado de una integración llevada a cabo como máximo seis meses antes de la solicitud del reconocimiento. Una vez obtenido, se produce la inscripción de oficio en el correspondiente registro específico, igualmente creado por la nueva regulación.

La iniciativa viene a complementar la norma estatal de entidades prioritarias de ámbito supraautonómico con unos requisitos más accesibles en aspectos como el volumen de facturación que se exige. Tiene en cuenta, además, criterios relativos al crecimiento de la misma y a los procesos de integración recientes. De las siete sociedades actualmente reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sólo una es de origen andaluz. Es, en definitiva, a juicio de Sánchez Haro, un "salto importante" en una comunidad en la que las cooperativas y otras entidades asociativas agroalimentarias suponen el 21,8% del total de España y el 34% de la facturación. De igual modo, con cerca de 300.000 socios agricultores y ganaderos, concentran el 50% de la producción agraria y 40.000 empleos directos, a los que se suman los eventuales y los generados por las empresas auxiliares. Actualmente, Dcoop, Covap y Agro Sevilla Aceitunas se encuentran entre las diez principales por volumen de negocio en el ámbito nacional.