El diputado del PP ha indicado que tal y como reconoció ayer la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en el Senado "hace pocas semanas se ha considerado la no existencia de prejudicialidad penal en relación con la desaladora, lo que permite plantear un proyecto de construcción".

En este sentido, Rafael Hernando recuerda que desde enero de 2016 la postura de la Abogacía del Estado era considerar esta infraestructura, junto a otras, sujetas a prejudicialidad penal, por lo que en aquellos proyectos en los que por una u otra causa existían dificultades de ejecución, y se encontraban investigados en cualquier instancia judicial, el criterio era "la no intervención hasta la aclaración de responsabilidades".

Sin embargo, ahora la Abogacía del Estado manifiesta un nuevo criterio, favorable a reactivar la resolución de conflictos en el ámbito privado en obras que hayan sido objeto de investigación "siempre que en todo momento se mantenga informados a los tribunales sobre las medidas que se fueran adoptando en cada caso, por si desde el ámbito judicial se estima necesario el establecimiento de medidas cautelares, por posibles afecciones a la investigación".

Ante este cambio de criterio, el portavoz del PP en el Congreso, explica que después de que el pasado 25 de octubre la UTE comunicara que quiere dejar las instalaciones para que las ocupe Acuamed, en estos momentos la situación actual es que se está produciendo un intercambio de comunicaciones entre ambas partes para concretar la fecha en la que la UTE hará efectiva su salida de las instalaciones y Acuamed las ocupará. "En cuanto se produzca se iniciarán los trabajos de peritaje de daños, redacción de proyecto de reconstrucción y demás actuaciones necesarias para la puesta en servicio", ha dicho.

Además, en este caso también se va a informar a la Audiencia Nacional de todos los pasos que se vayan dando en el ámbito privado, para que la instancia judicial competente en las investigaciones en curso pueda tener un conocimiento cabal de todas las actuaciones, por transparencia y seguridad jurídica.

Por otra parte, Rafael Hernando ha señalado, ante las declaraciones del Consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez, afirmando que el Gobierno debe a Almería 150 hm3 de agua, que "el único que debe agua a la provincia es el Partido Socialista, que le robó a los almerienses 105 hm3 de agua que iban a llegar procedentes del trasvase del Ebro, una decisión por la que aún no han pedido perdón a pesar de haber transcurrido 13 años, y que fue el mayor castigo que pudieron hacer a la provincia".

Finalmente, Hernando ha criticado que la Junta, cada vez que hay un problema en Almería, sea de la índole que sea, culpa al Gobierno de Mariano Rajoy, y busca el enfrentamiento y la confrontación, en lugar de asumir sus competencias, con el único fin de "aprovechar cualquier circunstancia para intentar arañar votos".