En este sentido, el representante de la Mesa del Agua ha instado al Ministerio de Agricultura a vincular el Pacto Nacional del Agua con la puesta en marcha de las medidas que sean necesarias para garantizar un abaratamiento del precio del agua desalada. De hecho, la Mesa del Agua ha presentado a la directora general un informe en el que reivindica un nuevo modelo energético basado en la desalación con energías renovables y en la instalación de placas fotovoltaicas que permitan el autoconsumo en las explotaciones agrícolas. "Ahora es el momento porque se encuentra en trámite parlamentario la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático y el Gobierno no debe dejar pasar esta oportunidad para convertir al sector agroalimentario español en un referente europeo de la sostenibilidad energética", según Fernández.

Durante la reunión con Liana Ardiles, el portavoz de la Mesa del Agua de Almería también reclamó al Ministerio de Agricultura que se agilice la constitución de las juntas centrales de usuarios en todos los acuíferos sobreexplotados, con el objetivo de planificar con criterios de sostenibilidad el aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles y poner en marcha planes de recuperación allí donde sean necesarios.

Además, la Mesa del Agua de Almería ha propuesto la constitución de una comisión intercuencas que permita coordinar las funciones de los tres organismos de cuenca con competencias en la provincia de Almería (Cuenca Mediterránea Andaluza, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Confederación Hidrográfica del Segura). Esta propuesta, que ya se trasladó a la Presidenta de la Junta, se fundamente en la nula coordinación actual que existe entre los organismos de cuenca, a pesar de que "el agua no entiende de límites competenciales ni fronteras territoriales y su gestión debe entenderse siempre con un enfoque global", asegura el portavoz de la Mesa del Agua de Almería.

Por último, el portavoz de la Mesa del Agua de Almería manifestó a la directora general del Agua la necesidad de alcanzar un pacto político estatal previo al Pacto Nacional del Agua para lograr que los procesos de consulta que actualmente mantiene el Ministerio de Agricultura con todos los sectores relacionados con el agua superen el debate parlamentario, teniendo en cuenta que el Gobierno no tiene mayoría absoluta. "No queremos que se repita lo que sucedió con la elaboración del Libro Blanco del Agua, un ingente trabajo que duró varios años y que no sirvió para nada porque finalmente el documento fue rechazado por una minoría durante la votación parlamentaria".